Una comitiva de Fedecámaras integrada por su Presidente, Ricardo Cusanno y los expresidentes Jorge Roig, miembro empleador del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Carlos Larrazábal, se hicieron presentes en la 337ª reunión de dicho Consejo, máximo órgano ejecutivo del organismo internacional, celebrada este 6 de noviembre, en la cual fue presentado el Informe emitido por la Comisión de Encuesta sobre la República Bolivariana de Venezuela en fecha 17 de septiembre de 2019 y notificado al Gobierno el día 27 del mismo mes.
El Consejo de Administración dio por recibido el Informe, pero la discusión de fondo sobre su contenido tendrá lugar en su próxima sesión del mes de marzo de 2.020, ya que el Gobierno manifestó que haría uso del lapso de 3 meses que otorga el artículo 29 de la Constitución de la OIT, para expresar sus comentarios y decidir si acepta o no las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta, y, en caso negativo, si desea remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Las recomendaciones, de ser aceptadas por el Gobierno, deberían cumplirse en su totalidad antes del mes de septiembre de 2.020, salvo la que se refiere a la constitución de las mesas de diálogo tripartita y bipartitas con Fedecámaras y con las organizaciones de trabajadores, respectivamente, que debe ser cumplida antes del próximo Consejo de Administración del mes de marzo de 2020.
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El Vocero del Grupo Empleador planteó a la OIT arbitrar algún mecanismo de acompañamiento para que dichas mesas cuenten con la presencia y la asistencia técnica de la OIT, para implementar las Recomendaciones, así como una posible visita del Director Regional para las Américas y el Caribe a Venezuela a inicios del año 2020.
Señaló el Vocero Empleador que, en la historia de la OIT, los gobiernos que aceptaron las recomendaciones de anteriores Comisiones de Encuesta o se abrieron a la asistencia técnica de la OIT lograron resultados exitosos y duraderos e invitó al Gobierno de Venezuela a aceptar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
El Gobierno, por su parte, luego de las intervenciones de varios Gobiernos que deploraron la situación de violaciones a los derechos laborales y sindicales de Venezuela, así como las violaciones a los derechos humanos identificadas en el reciente Informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), realizó una serie de cuestionamientos y descalificaciones sobre la situación política de dichos países, no vinculados al tema central del Informe, basado en las graves violaciones en Venezuela a los derechos y libertades sindicales protegidas por la OIT.
Corresponderá al Gobierno expresar su posición sobre las recomendaciones de la Comisión de Encuesta hasta el próximo 27 de diciembre de 2019 para definir los próximos pasos, con la posibilidad de recurrir a otros medios previstos en la Constitución y en el sistema de supervisión de la OIT para garantizar que las disposiciones de los convenios ratificados se apliquen, en la ley y en la práctica en Venezuela, o acudir ante la Corte Internacional de Justicia si así lo decide el Gobierno.
Recordemos que la Comisión de Encuesta, en septiembre de 2018, inició sus trabajos investigativos sobre las violaciones por parte del Gobierno de Venezuela a los Convenios 26 sobre los métodos de fijación de los salarios mínimos, 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y 144 sobre la consulta tripartita.
La Comisión de Encuesta en su Informe condenó, entre otros, los actos de violencia, asesinatos y múltiples formas de acoso a las organizaciones de empleadores y trabajadores; la criminalización de la protesta; el favoritismo a organizaciones paralelas afines al Gobierno, para desplazar a la representación sindical independiente y legítima; así como la discriminación e injerencia hacia las organizaciones que no le son afines, obstaculizando, las relaciones entre empleadores y trabajadores, con nuevas figuras como los Consejos Productivos de Trabajadores, que se sobreponen a los sindicatos y cuya eliminación propuso. También se reconoció la violación de las libertades civiles y los derechos humanos en Venezuela, la ausencia de la separación de poderes, las fallas en el funcionamiento del Estado de Derecho y el debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia en el país.
El Informe fue valorado como un logro significativo para la OIT en sus 100 años de historia, tomando en cuenta que es apenas la décimo tercera vez en que el organismo internacional se ve obligado a recurrir a su máximo mecanismo de control contra un Gobierno por sus graves violaciones a los derechos sindicales y laborales de los actores que, junto al Gobierno, conforman el tripartismo y el diálogo social efectivo que promueve la OIT para la toma de decisiones consensuadas en los países que fomenten un ambiente propicio para la sostenibilidad empresarial, la preservación de los empleos decentes, la paz y la justicia social.
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