En el marco del desarrollo de la Gran Conferencia Internacional del Trabajo en Suiza, el expresidente de Fedecámaras y actual miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, ofreció un balance detallado sobre el estado del diálogo social tripartito en Venezuela y las perspectivas reales para la ejecución de una reforma profunda a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

Le puede interesar: OPEP+ eleva sus cuotas de producción en 188.000 barriles diarios para el mes de julio

Durante una entrevista concedida desde Ginebra al programa Dos más Dos de Unión Radio, Roig enfatizó que la necesidad de modificar el marco legal laboral vigente ya no es una simple posibilidad técnica, sino una urgencia estructural para detener el rezago productivo. Indicó que el tabú místico y político que rodeaba a la legislación de 2012 —aprobada mediante decreto presidencial sin debate parlamentario ni consulta con los sectores productivos— ha comenzado a disiparse debido a la realidad económica que atraviesa la nación.

El Estado como el principal interesado en modificar la retroactividad

El dirigente gremial e internacional argumentó que, de manera paradójica, el actor más urgido en revisar y flexibilizar el régimen de retroactividad de las prestaciones sociales es el propio sector público.

«Al que más le interesa de todas estas es un poco al mayor patrono que tiene Venezuela, que es el gobierno, con casi 5 millones de pensionados y 3 millones de empleados públicos. Entonces, el primero que no puede pagar salarios importantes bajo este esquema es el patrono», puntualizó Roig.

El vocero empresarial recordó que el marco regulatorio actual no cumplió con los objetivos sociales para los que fue diseñado: desde su implementación, no ha sido un motor para la generación de puestos de trabajo estables ni ha incrementado la productividad, derivando en su lugar en un salario mínimo base severamente devaluado de 130 bolívares. El sector empresarial privado, afirmó, está plenamente dispuesto a acompañar al Ejecutivo y a las centrales sindicales en una reforma razonada y despartidizada que devuelva la sustentabilidad a las compañías y brinde soluciones financieras reales a la masa trabajadora.

Del despojo a las mesas técnicas: El rol de la OIT

Roig destacó el progreso alcanzado en la estabilización del clima laboral del país, atribuyendo los avances a la mediación de la OIT a través del establecimiento de cinco foros formales de diálogo social. Recordó que este espacio tripartito (Ministerio del Trabajo, empleadores y sindicatos) se consolidó tras una queja histórica elevada por Fedecámaras ante la persecución, asedio institucional y ataques físicos sufridos por el gremio entre los años 2013 y 2015.

Esta denuncia escaló de forma sistemática dentro del sistema de control internacional hasta derivar en la activación de una Comisión de Encuesta —el máximo mecanismo de fiscalización de la OIT, activado solo 13 veces en 113 años de historia del organismo—. Las recomendaciones emitidas en dicho informe definitivo están siendo acogidas de manera progresiva por las autoridades nacionales, evidenciando una fase de mayor apertura y un canal de comunicación fluido tras la designación de la nueva gestión ministerial en la cartera del Trabajo.

Una legislación moderna para la nueva era digital y demográfica

Al abordar los elementos técnicos que deben integrar una ley laboral moderna para Venezuela, el representante ante la OIT señaló que los marcos jurídicos previos partieron de una premisa económica desactualizada: asumir que Venezuela seguía siendo un país de ingresos petroleros ilimitados donde el Estado podía absorber cualquier costo operacional.

Roig planteó que la mesa técnica conformada bajo el mandato de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debe abordar de forma directa la transformación global del entorno de trabajo, incluyendo temas que no figuraban en el radar institucional en 2012:

• Sustentabilidad y previsión de costos: Las empresas necesitan certidumbre jurídica. Actualmente, la combinación de la retroactividad de las prestaciones y la brecha cambiaria impide que un empleador conozca con exactitud el costo de liquidación de un puesto de trabajo.
• Economía de plataformas y teletrabajo: Regulación de las condiciones contractuales de los repartidores a domicilio (delivery) y choferes vinculados a aplicaciones digitales de transporte, determinando con claridad técnica si existe o no una relación de subordinación laboral tradicional.
• Nómadas digitales e informalidad moderna: Captación y protección de los jóvenes profesionales (mileniales y generación Z) que generan ingresos significativos en divisas desde sus hogares mediante herramientas tecnológicas sin cotizar en los sistemas de previsión social del Estado.
• Inversión de la pirámide demográfica: Roig alertó que el sistema de seguridad social tradicional es fiscalmente «impagable» debido al éxodo de la población joven del país. La pirámide demográfica se invirtió, dejando una base muy reducida de cotizantes activos para sostener una población creciente de pensionados y adultos mayores.

Finalmente, al ser consultado sobre qué país podría servir de referencia o benchmark normativo para el nuevo texto legal, Roig descartó la posibilidad de replicar modelos avanzados como los de Finlandia o Noruega. El experto concluyó que la OIT brindará asistencia técnica internacional, pero que los tres actores sociales venezolanos deberán confeccionar un «traje a la medida» que reconozca con madurez y datos reales la compleja coyuntura política y económica que experimenta el país.

¿Deseas recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Entonces, únete a nuestro canal en Telegram https://t.me/Descifrado