El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Vicente Pérez, fijó posición respecto al proyecto de Ley del Café que se discute en el país. En entrevista para el programa Dos más Dos de Unión Radio, el representante gremial señaló que el texto legal establece metas de desarrollo e incentivación para el sector, pero no especifica los mecanismos técnicos ni financieros para su ejecución.
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Pérez comparó la propuesta con el modelo de la caficultura en Colombia, donde la actividad se sustenta mediante la recaudación de fondos parafiscales y de fomento administrados por los propios agricultores, lo cual define el origen del financiamiento de la producción.
Factores financieros y viabilidad económica
El directivo de Fedeagro señaló que el marco legal propuesto omitió la consideración de variables macroeconómicas actuales del país, específicamente la reducción acumulada del Producto Interno Bruto (PIB) durante la última década:
«Es una ley donde hay cosas que se plantean, pero no se observa un método para hacerlas realidad. Tienes que entender que es un país que perdió el 70% de su PIB. Por más que exista una recuperación, el Estado presenta limitaciones presupuestarias básicas. Fomentar una actividad que genera 400 millones de dólares en café requiere estudiar a fondo el tema financiero».
Pérez detalló que la falta de financiamiento bancario formal ha obligado a los caficultores a costear las operaciones de siembra, mantenimiento y cosecha con recursos y ahorros propios, sin contar con asistencia técnica o capacitación externa.
Rol del sector privado en el texto legal
Otro de los puntos expuestos por el representante gremial es la ausencia de mecanismos de asociación mixta o de inclusión de los agentes comerciales privados dentro del articulado del proyecto de ley.
«En ningún párrafo se establece que el sector privado trabajará en conjunto con el Estado. El texto le atribuye la totalidad de las competencias y ejecuciones al Estado», afirmó Pérez.
Fedeagro concluyó que actualmente no existen canales de interlocución con las comisiones legislativas para modificar el enfoque político del documento, lo que limita la proyección de inversiones privadas a corto plazo dentro del circuito cafetalero nacional.
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