ConocoPhillips, la gigante estadounidense que ha liderado la ofensiva legal contra el Estado venezolano, luego de la expropiación de sus activos, se ha mostrado dispuesta a cambiar los tribunales por los campos petroleros.
Según fuentes cercanas, la compañía envió emisarios a Venezuela. El equipo, calificado como “de evaluación”, estudiará oportunidades de inversión en suelo venezolano y, sobre todo, un esquema de cobro de deuda.
El giro no representa una apuesta al azar. ConocoPhillips tiene en su poder sentencias internacionales que le otorgan el derecho a reclamar más de 10.000 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Ante la imposibilidad de facturar dicha suma, dada la incapacidad de pago de la estatal venezolana, la multinacional con sede en Houston ha atisbado que, con operaciones sobre el terreno, podía cobrar — y resarcir — sus pérdidas.
Tras la senda de Chevron
El camino que se ha planteado ConocoPhillips ya ha sido asfaltado por la también estadounidense Chevron.
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Gracias a la Licencia General 41, la empresa californiana cobra su deuda pendiente con crudo que es extraído en Venezuela y enviado al Golfo de México.
Ese “modus operandi” se antoja como una «hoja de ruta» que podría llevar a la corporación texana a copiar el modelo.
El reto de la infraestructura
El equipo de ConocoPhillips no la tendrá fácil. Su misión técnica consiste en auditar el estado de los campos de crudo extrapesado que se ubican en la Faja del Orinoco.
Esos yacimientos, así como la infraestructura levantada sobre ellos, han sufrido años de desinversión. La falta de mantenimiento especializado los ha convertido en reservorios improductivos.
Ante tal realidad, la pregunta que los ingenieros deben responder es cuánto capital necesitará ConocoPhillips para que esos pozos vuelvan a ser rentables, bajo un esquema de «deuda por petróleo».
Impacto en el tablero nacional
Para el actual Gobierno venezolano, el virtual regreso de ConocoPhillips a la República Bolivariana sería una victoria política — y económica — de primer orden.
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Significa que, incluso rivales de peso, que mantienen causas abiertas en tribunales federales de Estados Unidos, reconocen que el futuro energético de la región pasa obligatoriamente por Venezuela.
Por su parte, para el sector privado nacional, es una señal de que la apertura petrolera, aunque ralentizada por las maniobras políticas, se mueve hacia adelante, pasando de la retórica a la operatividad técnica.
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