Shell ha enviado un mensaje nítido desde sus oficinas centrales: existe la voluntad técnica y financiera para dar «luz verde» proyectos en Venezuela.
El titán del sector petrolero sopesa la posibilidad de involucrarse en actividades gasíferas de envergadura.
Los yacimientos, explicaron desde la multinacional, se ubican en aguas territoriales venezolanas.
Su explotación podría iniciar antes de que cierre 2026, pero la decisión final no descansa sobre las condiciones sobre el terreno.
Más allá de la geología, Shell estudia la arquitectura legal y fiscal que Caracas pueda garantizarle.
Manatee y Cocuina
El foco de atención se centra en los yacimientos de Manatee y Cocuina.
El primero forma parte del gigantesco campo Loran – Manatee, una reserva transfronteriza que Venezuela comparte con Trinidad y Tobago.
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Ese yacimiento alberga unos 10 billones de pies cúbicos de gas.
Por su parte, Cocuina es el espejo venezolano del campo Manikin en aguas trinitarias.
Para Shell, estos activos no son sólo pozos; son piezas fundamentales para alimentar su infraestructura de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).
Condiciones para el «sí»
Las grandes corporaciones como Shell no invierten en el vacío. Por eso, la directiva de la empresa ha sido enfática.
El avance hacia la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) dependerá de dos variables.
Shell evalúa la competitividad fiscal y, al mismo tiempo, la certidumbre legal.
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Por lo tanto, la “luz verde” dependerá de la obtención de licencias que permitan la extracción y la exportación fluida del gas hacia Trinidad.
Esto requiere un marco normativo que blinde la inversión ante posibles cambios en el clima político y que ofrezca regímenes fiscales atractivos.
Si Caracas logra satisfacer estas exigencias antes de fin de año, Shell activaría un flujo de capital que no sólo beneficiaría a su balance.
El retorno de Shell representaría el regreso de las «supermajors» occidentales a la gestión directa de activos críticos en suelo venezolano.
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