Por: Rafael Enrique Arias Matute
Las ineficiencias administrativas en Venezuela y los desafíos burocráticos se traducen en el desgaste físico y emocional, una odisea financiera, de quienes a la tercera edad merecen un trato diferenciado y de calidad. La no grata experiencia de acompañar a mi madre, de 66 años, a una agencia del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), para acceder a su propio dinero, expuso una realidad que requiere revisión urgente y soluciones concretas por parte de nuestras entidades financieras.
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Mi madre convive con una discapacidad motora a causa de la artritis y una discapacidad visual severa derivada del glaucoma. Movilizarla en su silla de ruedas hasta la agencia bancaria para una simple actualización de datos en su cuenta de jubilada del Ministerio de Educación representó un esfuerzo superlativo.
El acto de hacer presencia en la entidad, y del esfuerzo que significa para ella certificar personalmente que es quien solicita el trámite y no un tercero, debería ser el mayor aval de seguridad para cualquier institución Estatal o privada. Sin embargo, la realidad detrás del mostrador probó ser una carrera de obstáculos.
Un muro de papeles en medio de la era «digital»
Al ser atendidos, fuimos recibidos por una exigencia procedimental que choca de frente con los esfuerzos nacionales que supuestamente buscan «simplificar los trámites» incluso los relacionados a las gestiones ciudadanas. El gerente de la sucursal nos indicó que, para poder acceder a los servicios bancarios, se requerían:
- Dos fotocopias de la cédula de identidad (con la validación de estar imposibilitada para firmar, debido a la discapacidad)
- Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF).
- Una constancia de la resolución de jubilación emitida por la página web del Ministerio de Educación.
A pesar de insistir en que solicitar este volumen de papeleo resulta excesivo para una persona que se encuentra físicamente validando su identidad en la agencia, la respuesta fue tajante: «son directrices de la entidad». En un momento cumbre del país donde se dice que estamos a las puertas de cambios trascendentales que requieren «dinamismo», exigir esta cantidad de recaudos a una persona de la tercera edad con comorbilidades es, cuando menos, un contrasentido.
El callejón sin salida institucional
Además, el nudo crítico de esta situación no radica únicamente en la solicitud de los documentos, sino en la imposibilidad técnica de obtenerlos. Actualmente, el portal web del Ministerio de Educación presenta fallas y no están llegando a los correos asociados las claves para ingresar al sistema y emitir las constancias de jubilación.
Entonces, entramos una paradoja: tenemos un ente público que no genera el documento y una entidad financiera (que pertenece al Estado) y lo exige como requisito indispensable e insustituible. Ante esto, surgen preguntas ineludibles:
¿Cuándo podrá actualizar su cuenta un jubilado en estas condiciones?
¿Cómo podrá tener acceso a su propio dinero, a una nueva tarjeta de débito o a la banca en línea?
Como bien es sabido, el Banco Digital de los Trabajadores ha tenido fallas en el sistema y un sin fin de problemas en la plataforma electrónica. Particularmente, la tarjeta de mi mamá presenta fallas en el chip, por lo que su dinero tiene meses retenido, ya que, no hay forma de acceder.
En un sistema que habla de «justicia social» resulta contraproducente pensar que el camino para disfrutar de los derechos financieros básicos está pavimentado con estas complejidades administrativas.
Negarle a un adulto el acceso a sus instrumentos financieros por una falla interinstitucional es una falta grave a su dignidad humana y a su tranquilidad.
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