La consultora de riesgo político Eurasia Group advirtió que la reestructuración de la deuda de Venezuela no será un proceso rápido ni sencillo. Según un reciente informe difundido por el economista Asdrúbal Oliveros, existen barreras institucionales y políticas que sitúan cualquier acuerdo definitivo en un horizonte de mediano plazo, supeditado a la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las decisiones de la Casa Blanca.
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A pesar de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó recientemente servicios de asesoría para la deuda, la firma destaca limitaciones críticas:
- Licencias restrictivas: La normativa actual aún no permite negociaciones directas entre el Estado venezolano y los acreedores. La capacidad de avanzar depende exclusivamente de la voluntad política de la administración de Donald Trump.
- Prioridades del Ejecutivo: Tanto la Casa Blanca como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han señalado que la prioridad es la «estabilización económica inmediata», lo que sugiere que no hay urgencia por sentarse a negociar con los bonistas.
- Incertidumbre electoral: El calendario político en Venezuela y la disposición de una futura administración para aceptar los términos negociados por el equipo de Rodríguez se perfilan como frenos adicionales.
Eurasia Group enfatiza que una reestructuración creíble es imposible sin la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que debe validar los datos macroeconómicos del país:
- Colaboración incipiente: Aunque se han reanudado contactos técnicos, la relación entre Venezuela y el Fondo está en una etapa inicial.
- Tiempos técnicos: El proceso de revisión bajo el Artículo IV (la auditoría estándar del FMI a sus países miembros) podría tardar entre 6 y 12 meses, o incluso más, antes de generar un marco macroeconómico estable para negociar.
La diversidad de intereses entre los tenedores de bonos complica aún más el panorama. Sin datos económicos transparentes y un programa de reformas avalado por organismos multilaterales, los acreedores enfrentan una espera prolongada antes de ver una propuesta formal de pago o canje de títulos.
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