El Grupo del Banco Mundial (BM) y el Fondo Mundial Internacional (FMI) anunció la reanudación de sus relaciones con el gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se encontraban suspendidas desde 2019.
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El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que arrancaron el pasado 13 de abril y concluirán este sábado en Washington.
El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.
En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.
Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.
La reanudación llega en un momento en el que Venezuela ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.
Impacto del restablecimiento de relaciones con el FMI y el BM
Con la reanudación de los vínculos, Venezuela recupera el derecho de acceso a instrumentos de financiación multilateral. Esto incluye la posibilidad de solicitar préstamos directos y cooperación técnica para estabilizar la macroeconomía.
Asimismo, la reanudación de relaciones con el FMI implica acceso potencial a asistencia técnica, monitoreo económico y programas de financiamiento.
Además, se normaliza la representación del país ante el FMI, lo que abre la puerta a que el Estado pueda disponer de sus activos en la organización, bloqueados desde 2019.
El regreso a estos organismos es interpretado como un sello de «normalización» económica que atrae el interés de empresas extranjeras (como Repsol y Chevron). Estas compañías buscan mayor seguridad jurídica y capacidad operativa en sus proyectos energéticos.
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