Las licencias 56 y 57 que emitió el Departamento del Tesoro para permitir operaciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública, no solo marca un hito diplomático, sino que valida parte de los debates técnicos que se preveían con antelación.
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A finales de marzo, Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Tesoro, ya anticipaba la inevitabilidad de esta medida para viabilizar los acuerdos de la administración de Donald Trump con el gobierno encargado de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez.
Para entender el peso de sus advertencias, es necesario recordar que fue precisamente bajo su gestión en el Tesoro, en 2019, cuando se impusieron las sanciones originales al BCV.
Los dos escenarios de Billingslea: lo que ocurrió vs. lo advertido
En su análisis del 27 de marzo, Billingslea planteaba que para «abrir Venezuela a los negocios de EE. UU.», Washington debía elegir entre dos vías para manejar al BCV. El resultado final del 14 de abril parece haber tomado elementos de ambos mundos:
1. Eliminación total de sanciones
Billingslea describió esta opción como «limpia y simple» para los inversores. Al eliminarse las restricciones a la banca pública y al BCV, se abren los canales para que los bancos estadounidenses operen de inmediato.
El «contra»: el experto advirtió que una eliminación sin auditorías previas podría dificultar el rastreo de fondos de dudosa procedencia y exponer a los bancos de EEUU a riesgos sustanciales de cumplimiento (compliance).
2. Suspensión bajo Licencia General
Billingslea propuso una suspensión condicionada a que la administración de Delcy Rodríguez designara a un presidente del BCV aceptable para Washington, quien rendiría cuentas directamente al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El «pro»: este escenario busca un escrutinio meticuloso de los registros bancarios históricos para buscar pruebas de mala conducta financiera antes de la apertura total.
Implicaciones de la decisión final
Aunque Washington optó por un levantamiento amplio para facilitar la operatividad de empresas como Chevron y Exxon, la emisión de licencias específicas de la OFAC para transacciones comerciales sugiere que el Tesoro ha mantenido un esquema de «autorización previa».
Esto funciona como un punto medio que permite la fluidez que buscaba el sector energético, pero manteniendo el «escrutinio» que Billingslea consideraba vital.
La normalización del BCV representa, en la práctica, la ejecución de la «Fase 2» (Recuperación) del plan de tres fases mencionado por la Embajada de EEUU.
Billingslea cerró su análisis con una premisa que hoy es realidad: «El objetivo de abrir la economía venezolana es el correcto», dejando claro que la pregunta ya no era el qué, sino el cómo garantizar que esa apertura sea sostenible para el sistema financiero global.
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