Delcy Rodríguez, hasta hace muy poco vicepresidente de Venezuela y hoy presidente encargada, desafió el sistema de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Durante este martes, la mandataria interina dijo que las concesiones, otorgadas por el Departamento del Tesoro, resultan insuficientes, si se pretende alcanzar una verdadera recuperación económica en Venezuela.
A juicio de la gobernante, el esquema de autorizaciones específicas— que recientemente permitió al Banco Central de Venezuela (BCV) retomar operaciones financieras con instituciones en Estados Unidos — carece de la estabilidad necesaria para atraer capitales de envergadura.
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“Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad”, manifestó.
Las declaraciones de Rodríguez sugieren que la presidente evalúa las licencias como un “mecanismo de extorsión” económica, que brinda supremacía a Estados Unidos, permitiéndole ejercer una tutela sobre Venezuela.
Argumento con doble rasero
A pesar de la existencia de licencias que autorizan transacciones con entidades estatales, los inversores mantienen una política de cautela extrema.
La discrecionalidad y temporalidad de las licencias, las hacen susceptibles a remociones o cambios, en función de la temperatura que marque el termómetro político.
Esa «zona gris» operativa no sólo genera incertidumbre, sino que encarece los costos de transacción para Venezuela. Además, limita la capacidad del Estado para gestionar pagos de deuda y logística de importación.
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La exigencia de Miraflores apunta al cese definitivo de las sanciones, argumentando que sólo el levantamiento total permitirá que el Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este 2026 alcance su potencial real.
Aunque legítimo, el argumento tiene un doble rasero. Eliminar el 100% del esquema sancionatorio estadounidense, haría que ese país perdiera la ventaja competitiva que le permite incidir en las decisiones que se toman dentro el chavismo.
Vistas desde esa perspectiva, las sanciones y las licencias son un “mecanismo de control” necesario que, de ser removido, llevaría a Washington a perder su capacidad de influir en lo que ocurre — o deja de ocurrir — en Caracas.
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