El sector minero venezolano se encuentra en una fase de transición crítica ante la discusión de una nueva legislación que pretende sustituir el marco normativo vigente desde 1999. Sin embargo, más allá de los cambios en los artículos de la ley, el verdadero reto reside en la brecha técnica y de inversión que separa al país de sus competidores regionales.
Luis Rojas Machado, presidente de la Cámara Minera de Venezuela, advirtió en el programa Dos más Dos de Unión Radio que el discurso sobre las inmensas riquezas de minerales críticos y tierras raras en el territorio nacional carece de sustento actualizado, ya que la mayor parte de la información geológica disponible proviene de estudios realizados hace más de cuatro décadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
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Rojas Machado fue enfático al aclarar que poseer indicios de minerales en el suelo no equivale a tener una industria minera funcional. El experto señaló que para hablar con propiedad de reservas explotables, es imperativo ejecutar campañas de exploración profunda y certificación que no se realizan de forma sistemática por parte del Estado desde los años 90.
En este sentido, explicó que la minería es un negocio de capital de riesgo con probabilidades de éxito reducidas, donde apenas el 10% de los proyectos de oro y menos del 1% de los de diamantes llegan a ser rentables.
Por ello, insistió en que Venezuela no puede seguir conformándose con el «conuco minero» o la extracción artesanal, la cual calificó como una actividad degradante para el ambiente que debe ser sustituida por la gran minería responsable, capaz de remediar los desastres ecológicos actuales en zonas como el Arco Minero.
Carga fiscal y competitividad frente a la región
Un punto central de la preocupación gremial es el denominado Government Take o la carga fiscal total que el Estado impone a los productores.
Aunque el nuevo proyecto de ley contempla una reducción en las regalías —proponiendo un rango de entre el 1% y el 13% con una media del 4%—, Rojas Machado advirtió que el paquete impositivo global sigue superando el 50% de los ingresos del productor.
Esta cifra sitúa a Venezuela en una posición de desventaja competitiva frente a otros países latinoamericanos, donde la media de recaudación estatal oscila entre el 35% y el 40%.
Para el presidente de la Cámara Minera, sin un entorno tributario atractivo y una seguridad jurídica que garantice la estabilidad de los contratos a largo plazo, será muy difícil atraer a las empresas de alto nivel que operan en países como Canadá, México o Noruega, referentes mundiales en sostenibilidad y eficiencia extractiva.
Institucionalidad, discrecionalidad y transparencia
La creación de la Agencia Nacional de Gestión y Administración Minera es otro de los ejes de debate en la Asamblea Nacional. Desde la Cámara Minera se observa con cautela este nuevo órgano regulador por el riesgo de solapamiento de funciones con el ministerio rector y las empresas estatales existentes.
Rojas Machado subrayó que la ley debe definir con claridad las competencias de cada ente para evitar la discrecionalidad de los funcionarios, un factor que suele ahuyentar la inversión extranjera. Asimismo, hizo un llamado vehemente a la transparencia y a la adopción de estándares internacionales como el Proceso de Kimberley o la iniciativa EITI, fundamentales para garantizar la trazabilidad del oro y los diamantes venezolanos, asegurando que no provengan de zonas de conflicto o con daños ambientales irreversibles.
En última instancia, el directivo recordó que la minería debe verse más allá del oro y el diamante, pues el desarrollo nacional también depende de minerales no metálicos como la arena, el cemento y la piedra, esenciales para la construcción y la infraestructura del país.
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