Un día atípicamente convulso se vivirá en Venezuela este lunes, 23 de marzo.
Trabajadores del sector público, gremios de la salud y educadores han convocado a una jornada nacional de protesta.
En términos teóricos, la acción se efectuará, de manera simultánea, en Caracas y otras ciudades de la geografía venezolana.
Sobre el tapete estará el eco de una exigencia que el Palacio de Miraflores no ha logrado silenciar: un salario que permita, simplemente, vivir.
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El epicentro de la convocatoria en la capital venezolana será la icónica Plaza Morelos.
Desde ese punto, los manifestantes marcharán hasta la sede de la Asamblea Nacional.
Su misión, luego de llegar a cada destino, es la de entregar un pliego de peticiones.
La exigencia es clara y técnicamente fundamentada: la indexación salarial y el cese de la «bonificación» del ingreso.
La trampa de los bonos
El Ejecutivo venezolano ha mantenido una política de pagos a través de bonos que, si bien inyectan liquidez inmediata al bolsillo del trabajador, carecen de incidencia salarial.
Esto significa que las vacaciones, las utilidades y, lo más grave, las prestaciones sociales de los trabajadores, se calculan sobre una base mínima que apenas cubre el 1% de la Canasta Alimentaria.
Para un profesor universitario o un enfermero con 20 años de servicio, esta estrategia financiera representa una condena a la pobreza estructural al momento del retiro.
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«Estamos trabajando por amor al arte y sobreviviendo por milagro», comentaba un representante del sector salud en la víspera de la marcha.
El reclamo apunta a que el salario mínimo se equipare, al menos, al costo de la cesta básica.
Para enero de este año, ese indicador superaba los 600 dólares, según cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).
El sector más vulnerable
La situación de los pensionados y jubilados añade una carga ética de peso a la movilización.
Con pensiones simbólicas que se aproximan a los 0.30 centavos de dólar, este sector depende casi exclusivamente de remesas familiares o de la caridad.
Su participación en la marcha de este 23 de marzo no será, por tanto, un acto político partidista, sino un mecanismo de supervivencia.
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