La última ventana de oxígeno informativo en Venezuela — el ecosistema digital — se encuentra bajo asedio burocrático.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha encendido las alarmas ante una peligrosa propuesta legislativa.
La iniciativa busca imponer un registro obligatorio para todos los medios digitales que operan en el país.
Lo que sobre el papel se presenta como una medida de «ordenamiento», el gremio lo cataloga como una herramienta de control y censura.
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Desde una perspectiva de mercado, esta iniciativa representa un retroceso sistémico.
En un país donde la prensa escrita ha desaparecido casi por completo, los medios digitales han sido el único nicho de innovación y emprendimiento periodístico.
Imponer un registro estatal actúa como un cepo regulatorio, que inhibe la inversión y ahuyenta a los anunciantes.
“Criminalización del contenido”
El SNTP ha sido enfático: un registro de esta naturaleza no busca fomentar la transparencia, sino instrumentalizar el miedo. «El objetivo es la criminalización del contenido», advierte el sindicato.
Para los propietarios de medios y los inversores del sector AdTech (tecnología publicitaria), este movimiento incrementa el riesgo país.
Cuando el Estado se otorga la potestad de decidir quién es un medio y quién no, la propiedad intelectual y el capital operativo quedan a merced de la voluntad política.
Además, el costo de cumplimiento de estas regulaciones suele ser desproporcionado para los medios pequeños.
Menos información, malas decisiones
Más allá de los balances contables, el SNTP advierte sobre el costo social.
La información es un bien público esencial para la toma de decisiones desde la certeza.
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Un ciudadano mal informado no puede evaluar correctamente la inflación, el tipo de cambio o las oportunidades de inversión.
Al restringir el flujo libre de datos a través de registros coercitivos, el Estado no sólo controla el relato político, sino que ciega a los actores económicos, aumentando la ineficiencia del mercado.
