El sector transporte llegó a un punto de quiebre tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio del Transporte. Pero este conflicto no es un simple reclamo por repuestos; es el colapso de una estructura económica que se quedó sin oxígeno. Para entenderlo, hay que analizar la crisis desde sus bases.
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El espejismo del ingreso y la «Matemática Imposible
El nudo de este choque radica en el bolsillo de las dos caras de la moneda: el pasajero y el chofer. Como advierte el gremio representado por Nelson Vivas, la exigencia de ajustar las tarifas para rutas cortas entre 100 y 130 bolívares choca de frente con la realidad del venezolano.
Si bien es cierto que hoy el 100 % de los empleados públicos y privados sobrevive gracias a un ecosistema de bonificaciones, el salario mínimo base de nómina sigue anclado en 130 bolívares.
- El drama del usuario: Pagar un pasaje de 130 Bs significa que un solo viaje consume el salario base oficial, obligando a diluir los bonos de alimentación en simple movilidad. Es financieramente inviable.
- El drama del transportista: Cobrar menos de esa cifra significa la quiebra absoluta. El mantenimiento de una unidad con su vida útil vencida se paga en dólares cash. Trabajar a pérdida solo garantiza que el autobús termine arrumado como chatarra.
La propuesta sobre la mesa: El Bono de Transporte de $30
Frente a un panorama donde el usuario no puede pagar y el transportista no puede subsidiar, la dirigencia gremial no se quedó solo en la protesta. Desde enero de 2026, Nelson Vivas y Yelmira Jiménez, voceros del gremio, pusieron sobre la mesa la única salida quirúrgica a esta crisis: un Bono de Transporte directo de $25 a $30 mensuales.
Lo atractivo de esta propuesta es que cambia el paradigma económico: subsidiar a la demanda (al ciudadano) y no a la oferta (al empresario o al combustible). Si el Estado inyecta este bono directamente al bolsillo del usuario, este adquiere la capacidad real de pago. Así, el transportista recauda lo justo para garantizar la operatividad de su unidad, sin depender del vía crucis de pasar dos días en una estación de servicio esperando gasoil subsidiado.
Así se mueve la región
La propuesta de Vivas y Jiménez es el estándar operativo en las economías vecinas que protegen al ciudadano sin asfixiar al sector privado:
- Argentina (Tarjeta SUBE): Mediante la «Tarifa Social Federal», el Estado absorbe más del 50 % del costo del pasaje para sectores vulnerables. El dinero se carga a la tarjeta del usuario, permitiendo que el chofer cobre el 100 % de su tarifa operativa.
- Colombia (Sistema TuLlave): A través del cruce de datos con el Sisbén (identificación social), los bogotanos de menores ingresos reciben pasajes gratuitos o tarifas reducidas directo en su tarjeta inteligente. El sistema recauda, la unidad se mantiene y el trabajador llega a su destino.
Confiscaciones: El motor no arranca sin seguridad jurídica
Más allá de la tarifa, hay un terror latente que paraliza la inversión. Yelmira Jiménez —educadora, abogada y transportista— pone el dedo en la llaga: un país no tiene horizontes de desarrollo sin seguridad jurídica.
La amenaza constante de despojar a un trabajador de su unidad de transporte, confiscar su patrimonio familiar o arrebatarle su ruta por razones «írritas, caprichosas o arbitrarias» en medio de una protesta, destruye cualquier incentivo.
Despojar a un emprendedor de su proyecto de vida nos coloca en la cola del desarrollo. Como bien señalan desde el gremio, para prestar el servicio público se requiere sustentabilidad, pero sobre todo, la certeza de que la propiedad privada será respetada.
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