La estrategia de «máxima presión» ejecutada por la administración estadounidense contra los flujos energéticos de Venezuela e Irán ha tropezado con una realidad contable imprevista: el mantenimiento de la flota incautada está drenando las arcas del Tesoro.
Lo que en el discurso político se presentó como un golpe financiero definitivo contra Caracas y Teherán, se ha transformado en un sumidero de recursos públicos que ya se computan por decenas de millones de dólares.
El caso del Skipper: Un «activo tóxico» de 47 millones de dólares
El ejemplo más sintomático de este entuerto logístico es el del supertanquero Motor Tanker Skipper, interceptado en diciembre de 2025 mientras transportaba 1.8 millones de barriles de crudo venezolano hacia Asia.
El buque se ha convertido en una pesadilla financiera. Según reveló The New York Times, el Gobierno de los Estados Unidos ha desembolsado cerca de 47 millones de dólares en reparaciones y mantenimiento básico de la nave.
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La ironía económica es aguda: el valor de mercado del Skipper se estima en apenas 10 millones de dólares. Es decir, Washington ha gastado casi cinco veces el valor del barco solo para mantenerlo a flote, mientras espera una resolución judicial.
A esto se suma un costo operativo fijo de 450.000 dólares mensuales, destinados exclusivamente al almacenamiento seguro del crudo en sus bodegas.
Un laberinto legal sin salida expedita
El nudo gordiano del problema no es sólo técnico, sino jurídico. A pesar de que el Departamento de Justicia ha presentado demandas para confiscar legalmente el cargamento y la propiedad de al menos una decena de petroleros, la legislación federal impide la liquidación del crudo sin la autorización expresa de un juez.
Este proceso de confiscación (conocido como forfeiture) es extremadamente lento. Mientras los fiscales intentan demostrar que el petróleo financiaba actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o sostenía la estructura de poder en Venezuela, los barcos — muchos de ellos envejecidos y en condiciones precarias — requieren vigilancia constante para evitar desastres ecológicos en las costas estadounidenses.
Riesgo ambiental y activos sin retorno
Washington sostiene que las incautaciones eran necesarias para desmantelar la «flota en la sombra»: naves con banderas falsas y transpondedores apagados que permitían a Pdvsa eludir sanciones internacionales.
No obstante, al tomar control de estos buques, Estados Unidos asumió toda la responsabilidad sobre activos que no cumplían con los estándares internacionales de seguridad marítima.
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Incluso, dos de los barcos bajo custodia ni siquiera transportaban crudo al momento de su intercepción, lo que implica que las autoridades estadounidenses deben cubrir los salarios de las tripulaciones, así como el costo de los seguros y derechos portuarios.
¿Disuasión o ineficiencia operativa?
Desde el Ejecutivo estadounidense se defiende la operación como un «mal necesario» para disuadir el comercio de crudo sancionado.
Sin embargo, analistas del sector energético señalan que el impacto en el mercado global ha sido marginal en comparación con el gasto logístico asumido.
En un contexto de volatilidad extrema por las tensiones en el Estrecho de Ormuz, la inmovilización de millones de barriles añade una capa de ineficiencia al sistema.
Washington corre ahora contra el reloj: debe agilizar los procesos judiciales antes de que el costo de mantenimiento supere, por un margen aún mayor, el valor del petróleo almacenado.
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