Las empresas privadas en Venezuela enfrentan una alta carga fiscal, según organizaciones gremiales, a la que se suma una nueva contribución mensual creada para mejorar las pensiones, actualmente equivalentes a unos 3,5 dólares al mes, que reciben más de cinco millones de adultos mayores.
El 8 de mayo, el presidente Nicolás Maduro promulgó la ‘Ley de Protección de las Pensiones’, que establece una contribución especial de hasta el 15% del total de los pagos realizados por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial, que debe ser declarada y pagada mensualmente para mitigar el impacto de las sanciones en los ingresos de los pensionados.
Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), considera que aunque mejorar las pensiones es un objetivo loable, la capacidad económica de las empresas privadas está prácticamente agotada debido a la excesiva carga fiscal. Korody explicó que las empresas destinan, en promedio, un 80% de su utilidad al pago de tributos, dejando poco margen para inversiones, adquisición de equipos, salarios y ganancias.
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Korody añadió que no es el momento para un nuevo aporte fiscal, sino para «armonizar» los tributos existentes. Según la ley, el presidente fijará anualmente el porcentaje de la contribución, que en esta ocasión es del 9%, tres puntos más de lo sugerido por empresarios. Korody advirtió que este nuevo «impuesto» aumentará los precios de los productos y afectará la capacidad de las empresas para incrementar salarios o hacer nuevas contrataciones.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) había solicitado que el porcentaje no superara el 6% y que se exonerara a los sectores prioritarios. También propuso un tope máximo equivalente a 390 dólares para no penalizar a las empresas que mejor pagan.
El diputado chavista Ramón Lobo, exministro de Economía, afirmó que la nueva contribución para las pensiones será deducible del ISLR (Impuesto Sobre la Renta), lo que permitirá a las empresas incluirlo como gasto al momento de la declaración.
Conindustria ha advertido repetidamente que los «excesivos tributos fiscales y parafiscales» son uno de los principales factores que afectan la actividad manufacturera. La organización considera que el aumento de la recaudación debería provenir de una mayor actividad económica, no de un aumento de las tasas impositivas.
Fedecámaras, la mayor patronal del país, expresó su «preocupación» por la nueva contribución, advirtiendo que esto añade presión fiscal a las empresas y afecta su rentabilidad, limitando inversiones y mejoras en el ingreso de los trabajadores, y estimulando el empleo informal.
Korody sugirió encuentros con las autoridades para evaluar el impacto económico de la carga fiscal y determinar qué tributos deben seguir existiendo y cómo se deben pagar.
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