El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que congrega a los principales partidos de oposición, suscribieron este martes un acuerdo sobre las elecciones presidenciales pautadas para 2024.
El pacto incluye la convocatoria de comicios para la segunda mitad del próximo año, la invitación a observadores internacionales y la actualización del registro electoral, entre otras cuestiones. Sin embargo, no fueron levantadas las inhabilitaciones a dirigentes opositores específicos. Tampoco queda claro cuáles serán los mecanismos de cumplimiento.
Veamos a continuación las implicaciones de estas ausencias.
Veto persistente a la favorita
La única alusión, bastante indirecta, a las inhabilitaciones se encuentra en uno de los puntos del acuerdo que establece que se “permitirá todas las candidaturas que cumplan requisitos constitucionales”. Esto parece sugerir que las restricciones se mantendrán en pie. De hecho, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista en el diálogo, confirmó en declaraciones subsiguientes que levantarlas no está contemplado.
De esa manera queda en el aire el futuro de la oposición si quien gana la primaria de este domingo es la favorita: María Corina Machado, quien está inhabilitada.
Si pretende honrar su compromiso de “seguir hasta el final”, Machado en ese caso tendría que buscar presionar de alguna forma para que le retiren la inhabilitación. La probabilidad de su éxito dependerá de cuántas personas pueda movilizar en pro de su causa. Si son muchas, será difícil para el gobierno, para el resto de la oposición y hasta para los actores internacionales interesados ignorarla.
Cabe preguntarse si el pleno de la oposición la acompañará. Porque cabe la posibilidad de que los sectores más moderados, que ven con antipatía el discurso anti sistema de Machado, se valgan del acuerdo para argumentar que lo prudente y legítimo sería buscar una alternativa habilitada. Porque, gracias al pacto de Barbados, el panorama habría “mejorado” y no habría necesidad de ser tan desafiante.
Del dicho al hecho…
La otra cuestión que brilla por su ausencia remite a los mecanismos de cumplimiento para todo lo acordado. Como gran responsable por detentar prácticamente todo el poder político en el país, la ejecución del acuerdo depende de que el chavismo lo siga.
Acá entra en consideración el alivio temporal y limitado a las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera, gasífera y aurífera de Venezuela. El Departamento de Estado notificó este miércoles la medida, que es temporal, sobre el conjunto de empresas públicas que constituyen la principal fuente de ingresos de la elite gobernante venezolana.
Obviando alguna gran presión interna, la posibilidad de endurecer las sanciones de nuevo luce como el único incentivo para que el chavismo se adhiera al acuerdo. El carácter temporal de la remoción sugiere que su propósito es alentar la adhesión del chavismo al acuerdo.
De hecho, ya el subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales, Brian Nichols, declaró en una entrevista televisiva que el levantamiento de más sanciones estaría condicionado al fin de las inhabilitaciones y a la liberación de presos políticos.
