En un movimiento destinado a estimular la liquidación de ventas en medio de la escasez de divisas en Argentina, el Gobierno ha reinstaurado el «dólar soja». El martes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la cuarta edición del «programa de incremento exportador», iniciado en septiembre de 2022.
Este programa permite a los exportadores agroindustriales ingresar el 75% de sus divisas al tipo de cambio oficial mayorista, fijado en 350 pesos por dólar, mientras que el 25% restante será de «libre disponibilidad». Esto se traduce en un tipo de cambio aproximado de 450 pesos por dólar, es decir, unos 100 pesos por encima del tipo de cambio oficial, ya que ese 25% de libre disponibilidad se negociará al tipo de cambio financiero conocido como «contado con liquidación», que actualmente se sitúa alrededor de los 770 pesos por dólar.
El programa, que se justifica en la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central argentino, estará en vigor hasta el 30 de septiembre y la adhesión a él es voluntaria.
Esta es la cuarta edición del «dólar soja», que en su primera implementación en septiembre de 2022 permitió la liquidación de más de 7.765 millones de dólares, mientras que la segunda edición en diciembre de 2022 alcanzó los 3.155 millones de dólares y la tercera, llevada a cabo entre abril y mayo pasados, llegó a los 5.110 millones de dólares.
La necesidad de ofrecer un tipo de cambio superior al oficial se debe a las estrictas restricciones aplicadas en Argentina para el acceso al mercado cambiario, lo que ha dado lugar a la proliferación de tipos de cambio alternativos, que equivalen al doble del tipo de cambio oficial respaldado por el Banco Central.
Esta brecha cambiaria ha incentivado la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, al mismo tiempo que ha impedido al país acumular reservas, que actualmente se encuentran en niveles netos negativos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha recomendado a los productores asociados «comercializar lo mínimo necesario para saldar los compromisos asumidos», al calificar las medidas como «intervencionistas» y que «distorsionan el mercado generando inestabilidad» con un «propósito recaudatorio desentendiéndose de las consecuencias».
EFE
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