El viernes en la noche de la última semana, hasta el pequeño grupo de venezolanos que sigue muy interesado en la política nacional se preparaba para una pausa de sábado y domingo. Pero de pronto una noticia sacudió a la opinión pública y sus secuelas la han mantenido cautivada por días y días.
Se trata de la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su director, Mario Villarroel, fue destituido de inmediato. Su lugar lo ocupó una sorpresiva junta ad hoc que tendrá las riendas hasta por un año. Se le encargó “renovar la institución, actualizar sus estatutos, crear mecanismos de transparencia de sus procesos e integridad de sus voluntarios y realizar elecciones democráticas” para su futura conducción.
Esta noticia generó de inmediato fuertes críticas por parte analistas políticos, periodistas y activistas por los Derechos Humanos. Muchos lo consideran un intento del gobierno por reforzar su control de la sociedad civil. Veamos lo que pudiera motivar tales preocupaciones.
Nada personal
El TSJ actuó por una solicitud del fiscal general Tarek William Saab, cuyo despacho investiga denuncias sobre un supuesto “acoso y maltrato” a voluntarios y trabajadores del ente humanitario. Las responsabilidades se le atribuyen a Mario Villarroel, quien había encabezado la Cruz Roja Venezolana por 45 años.
Los críticos de la intervención no han puesto en duda las acusaciones contra Villarroel. Además, hay señalamientos independientes de falta de transparencia en el atípicamente largo periodo del presidente destituido.
Sin embargo, cuestionan la proporcionalidad de la respuesta a un problema verdadero. Indican que las autoridades venezolanas pudieron enfocarse en las presuntas irregularidades de Villarroel como directivo individual. En vez de eso, un TSJ adicto a Miraflores ordenó una reforma mucho profunda de una organización de la sociedad civil que debería ser autónoma.
Las acciones del tribunal y del Ministerio Público ocurren además después de que el poderoso diputado chavista a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello hiciera acusaciones públicas contra Villarroel. Algunas de ellas nada tienen que ver con maltratos o corrupción. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lo señaló de “conspirar” contra el gobierno.
En conjunto, estos factores generan sospechas de una motivación política detrás de la orden del TSJ.
Membresía llamativa
La composición de la junta interventora también es objeto de cuestionamientos. Sobre todo el encargo de su presidencia al expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno. Para los detractores de la medida, no tiene sentido que un empresario sin relación conocida con labores humanitarias esté al frente.
Algo parecido ocurre con otro hombre de negocios en la junta: Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa. Sin embargo, la propia Cruz Roja Venezolana aclaró que la familia Vollmer está históricamente ligada a ella y que hasta donó los terrenos donde funciona su sede en Caracas.
Más estupor produjo la presencia del esgrimista olímpico Rubén Limardo. También sus competencias para la labor de la junta fueron cuestionadas. Cabe recordar que Limardo, aunque nunca se involucró del todo en la política activa, fue electo en 2015 diputado suplente por el estado Bolívar. Su nominación por voto lista la hizo el PSUV. Otra causa de sospechas de politización actual.
Más control
En un ensayo que dejó huella en la disciplina, los politólogos Juan Linz y Alfred Stepan señalaron que, entre las «esferas» que componen una comunidad libre y democrática, se encuentran la sociedad política y la civil. La primera consiste esencialmente en los partidos políticos. La segunda está compuesta por organizaciones que, si bien no buscan el poder del Estado, tienen una incidencia en la vida comunitaria.
Para que el Estado sea genuinamente libre y democrático, todas las «esferas» deben ser autónomas. Los partidos y la sociedad civil no son excepción. No debería extrañar entonces que un gobierno no democrático, como el chavista, aspire a controlar ambos.
Se puede notar un patrón en la forma en que poderes subordinados a los intereses de la elite gobernante intervienen en ambos, aprovechando alguna disputa o irregularidad interna. Es lo que ocurrió con los partidos opositores que igualmente intervino el TSJ (Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular, etc.). Luego de estas medidas, los nuevos encargados de los partidos (al menos de las facciones reconocidas por el Estado, pues quedan otras que desconocen la intervención y quedan en una especie de complicidad) los han hecho mucho más complacientes con el gobierno.
La intervención de la Cruz Roja ocurre de manera similar. Queda por ver si se dan cambios dentro del organismo que confirmen las suspicacias.
