El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una preocupante alerta sobre la explotación laboral y sexual continua de los emigrantes venezolanos en las islas de Aruba y Curazao.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, presentó el último informe anual sobre tráfico de personas el 15 de junio, donde se destaca este grave problema. Aunque el reporte reconoce algunos esfuerzos por parte del gobierno de Aruba para abordar la situación, como el aumento de funcionarios dedicados a la investigación penal y reformas en instalaciones para las posibles víctimas de tráfico, lamentablemente, por cuarto año consecutivo, las autoridades arubeñas no han llevado a juicio a ninguna persona implicada en estos delitos.
El informe revela que la mayoría de las operaciones de tráfico de personas en Aruba y Curazao involucran a venezolanos que intentan escapar de la crisis humanitaria compleja en su país.
Sorprendentemente, en 2022, las autoridades de Aruba no identificaron a ninguna víctima de nacionalidad venezolana, reportando únicamente casos de cinco mujeres colombianas y una alemana. Ante esta situación, el informe recomienda una mayor formación de los agentes para identificar potenciales víctimas y evitar su criminalización.
En cuanto a Curazao, el informe señala que el país continúa sin cumplir con los estándares mínimos para abordar el tráfico de personas. Las cortes no han condenado a ningún traficante y el gobierno sigue condicionando la asistencia a víctimas extranjeras, incluida la residencia, a la cooperación con las fuerzas del orden en los casos contra traficantes.
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Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, las redes de tráfico de personas han continuado operando en estas islas, traficando con personas venezolanas, dominicanas y locales, muchas de las cuales son forzadas a trabajos sexuales.
El informe señala la vulnerabilidad de mujeres y niñas que trabajan en snack bars de Curazao, siendo reclutadas con ofertas de trabajo y forzadas a la explotación sexual por los propietarios de estos establecimientos. Los migrantes venezolanos también son vulnerables a la explotación por traficantes de habla hispana, quienes pueden ofrecer ayuda para obtener trabajos en la isla.
A pesar de la reapertura gradual de las fronteras entre estas islas y Venezuela, los flujos migratorios no han experimentado cambios significativos. La organización FundaRedes, que evalúa el impacto de este cambio en los procesos de tráfico de personas, advierte que aún es prematuro señalar alteraciones drásticas.
Representantes de la embajada de los Países Bajos en Venezuela han impartido charlas en varias partes del estado de Falcón para informar sobre las condiciones para trasladarse a estas islas, y las ofertas de traslados clandestinos han disminuido, reduciendo así el número de naufragios en el trayecto entre Falcón y las islas.
Los emigrantes irregulares expresan cierta expectativa de que los gobiernos de Aruba y Curazao implementen campañas para la regularización del estatus migratorio. Mientras esto no suceda, muchos de ellos continuarán haciendo todo lo posible por mantenerse en el exterior, evitando regresar a Venezuela debido a los riesgos involucrados.
Con información de Crónicas del Caribe
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