Eduardo José Vallés, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria de Venezuela (ASOPROINFU) destacó que desde la asociación estamos llevando a cabo labores de gestión con el Saren y los registros locales para que se pueda crear un «certificado» el cual autorice debidamente a las funerarias del país con el fin de evitar que la actividad ilegal se siga desarrollando.
Pese a la actividad ilegal que se está desarrollando, el experto resalta que la gran mayoría de los agentes, aproximadamente 220 asociados y 600 funerarias en el territorio nacional, operan debidamente dentro del margen de las regulaciones.
Así mismo, destaca que en Venezuela estos servicios rondan los 350 dólares, siendo uno de los menores de toda América Latina.
Vallés resaltó que los servicios ofrecidos por las funerarias dependerá del costo final que cada espacio ofrezca, siendo uno de más o menos tiempo de velación del difunto o, inclusive, que ofrecen además de esto.
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