Lasso: «Esta decisión es de un calado muy profundo que no se toma en un minuto ni un día»

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió declaraciones en relación con la disolución de la Asamblea Nacional, expresando su compromiso de poner los intereses de Ecuador por encima de cualquier interés personal.

Durante una entrevista con la cadena de noticias CNN, Lasso afirmó que había reducido voluntariamente su programa de gobierno y destacó que esta decisión fue profundamente reflexionada, llevando semanas e incluso meses de consideración. Criticó la actitud belicosa de los opositores, quienes lo acusaron de un delito inexistente en el Código Penal ecuatoriano, el peculado por omisión, sin fundamentos, pruebas ni testigos.

El presidente ecuatoriano agregó que sus oponentes buscaban destituirlo basándose en un contrato que no fue firmado durante su gobierno, lo cual considera una acusación infundada. Declaró enfáticamente que no evadió el juicio político y que no ha cometido ningún delito.

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Lasso explicó: «Quise ir a defenderme porque soy inocente, no he cometido peculado y porque abusivamente pretendían destituirme basándose en unos contratos suscritos en el gobierno anterior». También resaltó que durante su mandato no hubo casos de corrupción en empresas públicas, subrayando la falta de pruebas y testigos en la acusación en su contra.

Este miércoles, Lasso invocó la «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales, debido a lo que considera una grave crisis política derivada del juicio político en su contra.

Según el presidente, el Parlamento, controlado por la oposición, tiene como objetivo desestabilizar el gobierno, la democracia y el estado, y su actividad actual obstaculiza el progreso en Ecuador.

El juicio político se basa en una acusación de blanqueo de capitales relacionada con un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec, que, según la Contraloría, causó un perjuicio económico al país de alrededor de 6,1 millones de dólares. Aunque el contrato fue firmado en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, aún está vigente.

La oposición ha expresado su descontento con esta medida. El ex presidente Rafael Correa calificó la acción de Lasso como su «último clavo en su propio ataúd político» y la consideró un «golpe de Estado», a pesar de que esta figura está contemplada en la constitución de Ecuador. Correa afirmó que no hay una «grave conmoción social» que respalde la disolución de la Asamblea.

CNN

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