El Toque: ¿Comercio ilegal o irregular? Qué dice la Ley cubana

Emplear el término «comercio ilegal» para referirse a la comercialización puntual de productos es jurídicamente incorrecto. El 15 octubre de 2019, cuando el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa anunció una batería de nuevas medidas económicas para el país, se refirió a la venta de productos importados de manera legal al país como «comercio irregular» y no como «comercio ilegal». Sin embargo, el término «irregular» (menos denostativo que ilegal) muestra un prejuicio gubernamental hacia las acciones de comercialización.

La venta de artículos de propiedad privada no debería considerarse «comercio ilegal» o «irregular», siempre y cuando no se realice de forma habitual y se convierta en un medio de subsistencia para el vendedor. El Código Civil cubano reconoce la legalidad de los contratos de compraventa. En los artículos que van desde el 334 hasta el 366, el Código Civil establece los requisitos de los contratos de compraventa y reconoce que se trata de un contrato en el cual el «vendedor se obliga a trasmitir la propiedad de un bien al comprador mediante su entrega y este a pagar por él determinado precio en dinero».

Según lo que establece el Código Civil, debería considerarse legal y legítimo cualquier acto de compraventa de bienes de propiedad privada cuya comercialización no la prohíba la ley. Nunca será legítima, por ejemplo, la compraventa de especies protegidas. El Código Civil tampoco hace distinción en la condición en la que debe estar el bien para ser vendido de manera legal. No existe prohibición en el Código Civil que impida vender productos nuevos.

Lo regulado en el Código Civil debería ser suficiente para considerar que las ventas puntuales de bienes de cualquier calidad no son ilegales en Cuba. Sin embargo, en la práctica jurídica ha primado una concepción contraria a uno de los principios más básicos del Derecho. Muchas autoridades entienden que la legalidad de un acto determinado no depende de que no existan prohibiciones legales al respecto, sino de que existan autorizaciones expresas en la ley. 

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