Una demanda judicial que busca poner fin al programa de parole humanitario que permite a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos emigrar legalmente a Estados Unidos, mantiene en vilo a miles de personas, como Emilia Martínez, quien desde Cuba espera poder reunirse con su hija en Miami gracias a dicho mecanismo.
«Yo pido todos los días porque no lo quiten. Mi hija y yo rezamos porque siga [el programa de parole] o que al menos nos dé tiempo a que nos veamos de nuevo antes de que pase lo peor», dijo la maestra retirada a la Voz de América.
A «lo peor» que se refiere, Martínez es el posible fin de la medida, una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, implementada en octubre, primero para venezolanos; y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades.
La administración de Joe Biden la puso en marcha para disuadir los cruces fronterizos ilegales y en su lugar ofrecer permisos de residencia y trabajo temporal por dos años. El intento de ingresar al territorio de EEUU de forma irregular descalifica al aspirante, que tampoco podrá ingresar sin autorización a México o Panamá.
«Fue una bendición», aseguró a la VOA Miryolis, una cubana que prefirió no dar su apellido. La joven llegó a la Florida apenas un mes después de que su hermana la patrocinara bajo el programa.
«Yo no me lo creía al principio, pero sí, llegué y lo mejor: llegué sin tener que arriesgarme por la selva», agregó en referencia al peligroso viaje por Centroamérica hasta la frontera estadounidense.
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