Elmer Labañinos Ramos tiene 67 años y se siente desamparado. Internacionalista en Angola, es uno de los miles de ancianos cubanos que no pueden comprar lo más esencial para vivir.
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Según el quinto Informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio cubano de derechos humanos (OCDH) en 2022, de los adultos mayores de 60 años encuestados solo el 20% conseguía los medicamentos que necesitaban, más del 60% tenía limitaciones en la compra de los productos básicos, y el 18% vivía en casas con peligro de derrumbe.
Tras el triunfo de la Revolución cubana, el sistema de pensiones de reparto universal, para el sostén de las personas de la tercera edad, se presentó como uno de los logros sociales del proceso de cambio. Cada persona al arribar a la edad de jubilación recibiría una compensación que le debería garantizar su autonomía económica.
Las últimas seis décadas demostraron lo contrario. Hoy los pensionados en Cuba están inmersos en una situación de precariedad y dependencia económica que repercute en temas de salud física y mental, los empuja a la reinserción en el mercado laboral ―formal e informal― y aumenta su vulnerabilidad.
Para fomentar el diálogo sobre el contexto demográfico cubano, la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, y la casa de altos estudios Sorbona Nueva, de París, efectuaron el encuentro académico «La crisis social vista por los retos del cuidado y envejecimiento en Cuba». El debate de los investigadores arroja nuevas luces sobre el problema de las pensiones en la nación caribeña.
Una vieja crisis
El demógrafo cubano Sergio Díaz-Briquets, quien se ha desempeñado como consultor independiente en proyectos interdisciplinarios con enfoque en el desarrollo socioeconómico, explicó que el sistema de pensiones de reparto se refiere a un fondo acumulado de pensiones a nivel nacional para el pago de las jubilaciones; el cual actúa como reserva y que es nutrido con los aportes de los actores económicos del país.
Es necesario señalar que, apunta el investigador, en una economía y bienestar social dependientes de asistencia externa como la cubana, dicho sistema está en crisis debido a que el Estado se encuentra «en bancarrota, endeudado, sin reservas públicas o privadas».
Ante la escasez de fondos privados de ahorro, exceptuando la vivienda, muchas personas de la tercera edad deben reincorporarse al empleo formal ―mediante la recontratación― o a actividades económicas informales. En otros casos, las remesas son un ingreso paliativo de la situación, empleado principalmente para necesidades domésticas.
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