El regreso a clases presenciales ha sido uno de los temas polémicos de más discusión en Colombia durante los últimos meses, pues el Gobierno ha presionado para que los estudiantes de colegios oficiales vuelvan a las aulas, pero Fecode ha mostrado reparos, según publica Semana.
Para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los colegios públicos durante el primer semestre de 2021, el Gobierno nacional dispuso de $ 577.446 millones que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda. Del total de estos recursos, $ 269.876 millones salen del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
Según una circular publicada por el Ministerio de Hacienda, los recursos se usaron para “garantizar la implementación de los protocolos de transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de covid-19 en la comunidad educativa de los colegios oficiales del país para el primer semestre de 2021”.
La normativa de Hacienda no especifica los costos de las medidas de bioseguridad de los colegios públicos para el segundo semestre del presente año, pero se estima que el valor sea similar al ya autorizado para los primeros seis meses ($ 577.446 millones).
Hay que resaltar que la Corte Constitucional está dando un fuerte debate sobre la educación virtual y el regreso a clases en presencialidad en Colombia. De hecho, según el Ministerio de Educación, más de 100.000 estudiantes desertaron de clases en 2020 por la falta de la virtualidad.
La discusión en la Corte Constitucional se ha centrado en la conveniencia del regreso a clases presenciales y SEMANA tuvo acceso, en exclusiva, al cruce de argumentos y a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien señala que se debe priorizar la presencialidad ante las evidentes limitaciones.
Plantea, al menos, cuatro días de presencialidad y uno de virtualidad. Sin embargo, fuera del debate en la Corte también hay posiciones encontradas. El sindicato de maestros, Fecode, ha sido un crítico recalcitrante del regreso a la presencialidad.
Argumentan que no hay condiciones para evitar el contagio de covid en alumnos y profesores, esa bandera la han agitado en las calles. Desde la otra orilla, asociaciones de padres de familia les reclaman que cumplan su labor pedagógica.
Los menores han tenido un fuerte impacto ante la necesidad de relacionarse y es claro que en Colombia no hay condiciones para garantizar la educación virtual.
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