José Guera
Fui citado para comparecer ante la Asamblea Nacional sobre supuestos daños causados a la nación por los diputados del lapso 2016-2021. Acá dejo mi comparecencia ante el país, que es más importante y fundamental. El tema objeto de la investigación “Las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y Miembros de la Asamblea Nacional del Período 2016-2021”, ya en sí mismo carece de sentido y es así porque el daño fundamental perpetrado a Venezuela reside en el intento de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro de instaurar un modelo económico y político decrépito llamado socialismo del siglo XXI, que ha causado la ruina de Venezuela, al despilfarrar tal vez la última bonanza petrolera de Venezuela, transformando la riqueza en pobreza para el pueblo venezolano y la pobreza en riqueza para los usufructuarios del poder y sus comanditarios. Ese es el asunto fundamental que debe ser investigado y del cual muchos
de los hoy diputados son responsables directos.
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¿Dónde estaban ellos cuando Chávez llevó al país a aquella vorágine de expropiaciones y confiscaciones de empresas productivas y rentables, hoy convertidas en escombros? ¿Dónde estaban ellos cuando se desguazó a PDVSA para transformarla en la caja chica del PSUV? ¿Dónde estaban ellos cuando Chávez endeudó a Venezuela masivamente entre 2007 y 2012, deuda que ahora es impagable? Yo como diputado del período 2016-
2021 respondo por mis actuaciones, siempre al servicio de mi país.
- Mi primera actuación como diputado fue a comienzos de enero de 2016, como presidente de la Comisión Especial designada para analizar el Decreto de Emergencia Económica. Después de largas deliberaciones, el informe por mi presentado concluyó que no había razones para declarar la emergencia solicitada, por cuanto con los instrumentos legales vigentes el Ejecutivo tenía cómo enfrentar la crisis que se proponía resolver. Ese decreto constituía una especie de derogación de facto de toda la normativa fiscal y monetaria vigente
entonces y de ello dejé constancia al señalar durante el cierre del debate sobre el grave riesgo en términos de inflación que se generaría, debido a los suprapoderes concedidos al Ejecutivo para legislar sobre todos los ámbitos de la economía. El Decreto de Emergencia Económica, razonadamente negado por la Asamblea Nacional, fue luego aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia encabezado por Gladys Gutiérrez y prorrogado indefinidamente. La situación económica lejos de mejorar ha empeorado a pesar de los amplios poderes concedidos al Ejecutivo para hacer todo lo que quisiera hacer.
- La primera ley que aprobó la Asamblea Nacional de 2016-2021 fue la Ley de Reforma de la Ley del BCV, en la cual jugué un papel fundamental,conjuntamente con Omar Barboza, Rafael Guzmán y Alfonso Marquina, orientada a revertir la deformación que Chávez hizo con el BCV al modificar su ley en 2004, 2006 y 2010, con la cual se desfiguró totalmente las funciones del ente emisor transformándolo en financista del déficit fiscal. Al aprobarse esa ley y enviarse al Ejecutivo para su promulgación, ya Nelson Merentes, a través de la
Consultoría Jurídica del BCV, tenía redactado el escrito que sirvió de base para una sentencia infame de Calixto Ortega, que declaró inconstitucional la reforma por nosotros propuesta y con la cual se le habría ahorrado al país la hiperinflación que hoy sufre.
- Cuando el Gobierno de Maduro en octubre de 2016, optó por no presentar la Ley de Presupuesto y la respectiva Ley de Endeudamiento ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución, le advertí a algunos parlamentarios del PSUV, entre ellos a Héctor Rodríguez, Asdrúbal Chávez y a Hugbel Roa acerca de los problemas que ello acarrearía al país. No hicieron caso. El resultado ha sido que el crédito externo se ha cerrado para Venezuela, porque ninguna institución financiera internacional estaría dispuesta a prestarle a un país sin que ese endeudamiento estuviese autorizado por una ley. Ya de por sí el riesgo país era sumamente elevado para que Venezuela pudiese concurrir al mercado financiero internacional, situación que se agravó por la falta de la autorización legal contenida en las Leyes de Presupuesto y Endeudamiento. A partir de allí comenzó una campaña maliciosa pretendiendo hacer creer que
desde la Directiva de la Asamblea Nacional, dirigida en 2017 por Julio Borges se había obstaculizado el crédito externo, cuando en realidad lo que sucedió fue que no existía una ley que autorizara las operaciones de crédito público. De ello sobran los testimonios.
- Es importante que los venezolanos sepan que cuando estaba próximo a vencerse el bono PDVSA 2017, hubo un debate en la Asamblea Nacional, en septiembre de 2016, acerca del refinanciamiento que proponían PDVSA y el Gobierno. Mi opinión como integrante de la Comisión de Finanzas fue que PDVSA para sus operaciones financieras, no requería la autorización de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, dadas las condiciones que se proponían donde se colocaba el 50,1% de las acciones de CITGO en garantía de los nuevos bonos, ello representaba un contrato de interés nacional por cuanto se cambiaba la composición accionaria de la empresa. Además del hecho que el bono a ser emitido tenía una tasa de interés muy elevada, lo que atentaría contra el flujo de caja fututo de PDVSA. Efectivamente, el Bono PDVSA 2017 que se terminó canjeando tenía una tasa de interés de 5,25% en tanto que el bono sustituto, el PDVSA 2020, tuvo una tasa de interés de 8,5%, la más elevada pagada por cualquier compañía petrolera en el planeta tierra. Sobre esta transacción, igualmente advertí de ese hecho a Asdrúbal Chávez y Hugbel Roa, voceros del PSUV en esa materia. Tampoco hicieron caso. Los apremios fiscales losllevaron a contratar una deuda en condiciones leoninas para Venezuela.
- La situación de PDVSA fue objeto de muchos debates en la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017, donde participé activamente. Era evidente la tendencia a la caída que mostraba la producción petrolera, con particularidad desde 2008, a pesar de la cuantiosa deuda que contraía PDVSA y los elevados precios del petróleo. Cuando Chávez asumió la presidencia en febrero de 1999 Venezuela producía 3.329.000 barriles diarios y en 2012, su último año como presidente, la producción alcanzó a 2.910.000 barriles, lo que implicó una disminución de
13%, sin que hubiese ningún tipo de sanción contra Venezuela. Pero es
conveniente precisar que en 1998 las proporciones de esa extracción de crudos fueron 89% por parte de PDVSA y 11% de las compañías extranjeras mientras que en 2012 cambiaron a 62,2% de PDVSA y 37,4% de las compañías extranjeras. Era visible lo que estaba sucediendo en la PDVSA dirigida por Rafael Ramírez, cuadro fundamental del PSUV y del Gobierno, que cada día producía menos barriles. Un simple ejercicio aritmético permite estimar el costo
económico para Venezuela de esa contracción de la producción y
consiguientemente de las exportaciones petroleras, utilizando las cifras de producción al inicio de 1998, consumo interno y el precio promedio de exportación de la cesta venezolana. Así, entre 2007 y 2012 Venezuela dejó de recibir US$ 81.000 millones por concepto de barriles que no se extrajeron y por tanto no se exportaron y si se extiende la estimación hasta 2016, antes de las sanciones, el resultado es la astronómica cifra de US$ 151.000 millones. Ello representó un daño mayúsculo al pueblo venezolano. Adicionalmente, todas las diligencias realizadas para que la Directiva de PDVSA concurriera al parlamento a explicar la declinación de la producción y los manejos cuestionables de la empresa fueron obstaculizados por la bancada del PSUV, ahora promotora de una investigación sobre supuestos daños causados a Venezuela entre 2016 y Un gráfico ayuda visualizar lo antes expuesto. Nótese que la caída sostenida de la producción comienza a partir de 2008, cuando los precios petroleros eran elevados y no habían sanciones.
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