La Patilla es víctima de un bloqueo sin argumento ejecutado por el grupo español Telefónica Movistar. ¿Por qué? ¿El objetivo prioritario para una empresa de telecomunicaciones no debería ser poder proveer a sus usuarios de las facilidades óptimas para el libre acceso a todas las plataformas? ¿Esta premisa no debería estar sujeta a lo que los gobiernos respetuosos de la democracia cumplirían para poder brindar a sus ciudadanos las herramientas favorables para mantenerles comunicados en todo momento? Es lo que al menos se contempla en la declaración universal sobre la libertad de expresión y comunicación, que también aparecen declaradas en el artículo 57 de la Constitución de Venezuela, con el fin de que prevalezcan en el tiempo y que a través de un vínculo conjunto entre Estado y empresa privada se le otorgue libertad comunicacional a la población. Claro que en la práctica venezolana la realidad es otra.
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El régimen dirigido por Nicolás Maduro en Venezuela se ha impuesto sobre todos los sectores de la vida nacional, especialmente luego de lo que se denominó la “hegemonía comunicacional”, que no es otra cosa que una tiranía en los medios que llega a niveles insospechados. La empresa española Movistar decidió hacer parte de este oprobioso tinglado de censura tras acceder a restringir y bloquear a sus propios usuarios a más de una veintena de páginas de noticias de Venezuela y del continente e insiste luego de largos meses de persistente bloqueo continuar la censurando a La Patilla.
Los usuarios de Telefónica Movistar; sin saberlo, han accedido a contratar un servicio que deliberadamente limita sus libertades, afecta su acceso a la información y en algunos casos hasta quiebra su privacidad mediante la irrupción ilegal a correos electrónicos y la clonación de líneas telefónicas, como lo denunció el General Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -a la orden del régimen para perseguir a detractores- en su oportunidad.
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