Gobierno de Portugal descarta irregularidades en vuelo de TAP a Venezuela

La investigación iniciada por Lisboa demostró que no se cometió ninguna irregularidad, aseguró Eduardo Cabrita, ministro de Interior portugués

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La investigación que abrió Portugal después de que Caracas acusara a la aerolínea TAP de permitir que un familiar del opositor Juan Guaidó llevara explosivos a bordo de un avión demostró que no se cometió ninguna irregularidad, afirmó el gobierno de Portugal.

“No hubo ninguna violación de las normas de seguridad, ni en el aeropuerto de Lisboa por parte de las autoridades aeroportuarias ni por la compañía aérea TAP”, consideró Eduardo Cabrita, ministro de Interior portugués.

“Los resultados preliminares de la investigación iniciada por las autoridades portuguesas el pasado 14 de febrero, tras las acusaciones del gobierno venezolano, son muy claras”, subrayó el funcionario.

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Es de recordar que hace una semana el gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las operaciones de TAP hacia Venezuela, afirmando que la compañía portuguesa había permitido que Juan Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, transportara explosivos a bordo de un avión.

Márquez, que viajaba junto a su sobrino de vuelta tras una gira internacional por Estados Unidos y Europa, fue detenido a su llegada a Venezuela. Según el presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, considerado como número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, Márquez llevaba explosivos escondidos en varios objetos.

Cabello acusó a TAP de haber violado las normas internacionales al permitir que Márquez llevara explosivos y al ocultar, en la lista de pasajeros, la identidad de Juan Guaidó, a quien una sesentena de países —Portugal incluido— reconocen como presidente interino de Venezuela.

En ese momento, Lisboa calificó la suspensión de “inadmisible” y de ser un gesto “poco amistoso”. TAP, que realiza dos vuelos semanales a Caracas, indicó que había respetado todas las medidas de seguridad. La aerolínea informó que la suspensión podría costarle cerca de 10 millones de euros.

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