Hace 17 años Hugo Chávez tomó una medida con la que empezó a labrar el terreno para dominar a sus anchas la ya inflacionaria economía venezolana: decretó un control de precios. “Hemos tomado medidas que no les gustan a los neoliberales, pero como no tenemos compromisos y para defender al pueblo hemos establecido un control de cambios y ahora le seguirá un control de precios”, dijo el 26 de enero de 2003 el entonces presidente durante un discurso en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se llevaba a cabo el Foro Social Mundial.
El 6 de febrero de 2003, un día después de que impusiera un férreo control cambiario que ha provocado la destrucción del bolívar, corrupción, cierre de empresas e hiperinflación, el gobierno chavista anunció que los precios de 45 bienes y siete servicios declarados de “primera necesidad” serían regulados.
El 11 de febrero de 2003, el Ministerio publicó en la Gaceta Oficial Nro. 37.629 la lista de los precios regulados de 106 presentaciones de alimentos y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar que debían mantenerse congelados.
Ese fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia del control de precios en Venezuela en el que las palabras inflación, escasez, empobrecimiento, control, ataques a la propiedad privada y crecimiento del mercado negro están escritas en sus largas páginas.
Desde el año 2003 Chávez derogó y promulgó nuevas leyes, supuestamente para proteger a los consumidores, política que continuó su heredero Nicolás Maduro. Algunas de las empresas que estuvieron bajo la lupa del gobierno fueron: Pepsi-Cola, Coca-Cola, Alimentos Nestlé, Heinz, Johnson & Johnson y Alimentos Polar. Según Lorenzo Mendoza, presidente de esta última, solo en 2011 las instalaciones de la compañía fueron inspeccionadas por funcionarios del gobierno 2.200 veces.
Con Maduro los efectos del control de precios empezaron a ser realmente evidentes en los establecimientos. Cuando asumió la Presidencia en el año 2013 al país ya se le estaba pasando la borrachera que atravesó durante el boom petrolero desde 2002. Antes, el gobierno de Chávez utilizaba los millones de dólares que ingresaban al país gracias a los elevados precios del barril de petróleo para hacer grandes importaciones que por mucho tiempo mantuvieron abarrotados las tiendas.
A partir de 2014 los ingresos del Estado, que dependen mayormente de la venta de petróleo, empezaron a disminuir como consecuencia de la caída tanto de los precios del barril como del bombeo de crudo, y dejaron de ser suficientes para continuar con esas exorbitantes compras en el exterior. El tamaño de la industria nacional seguía reduciéndose, lo que impidió al sector productor satisfacer la demanda. Se agotaban las divisas y se comenzaron a ver espacios vacíos en los anaqueles; incluso pasillos completamente desabastecidos.
Frente a este panorama, en 2014 Maduro reformó la Ley de Costos y Precios Justos promulgada por Chávez en 2011. Con la nueva Ley Orgánica de Precios Justos el gobierno estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización. Además, sustituyó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) –que tenía la potestad de “ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos”– por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), un organismo adscrito al Ministerio de Comercio que se ha encargado más de reprimir que de vigilar el cumplimiento de las normas, y cuyas actuaciones fueron responsables de fuertes episodios de escasez.
Los alimentos más básicos, como la harina de maíz precocida, los huevos, el arroz y la carne, desaparecieron de los comercios. Los venezolanos amanecían en las entradas y calles adyacentes de los establecimientos con la esperanza de poder comprar algún producto de primera necesidad que vendiera el negocio al abrir sus puertas. La oferta llegó a niveles tan bajos que el gobierno implementó la venta por número de cédula de identidad y creó en 2016 su programa de distribución de alimentos CLAP.
Según Andrea Rondón, miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, los controles per se son dañinos y también dan cabida no solamente a la escasez sino también a la arbitrariedad.
Aunque el año pasado el organismo no actuó con tanta fuerza como en 2018, cuando llevó a cabo masivas fiscalizaciones que dejaron desabastecidos supermercados, farmacias, panaderías y otros tipos de negocios, en realidad la Sundde no ha parado. El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice contabilizó durante el primer semestre del año pasado 1.029 fiscalizaciones.
En lo que va de 2020 ha inspeccionado miles de establecimientos en al menos 19 entidades del país.
Hoy, 17 años después de implementados los controles de precios y de cambio, Venezuela atraviesa la peor crisis económica para un país sin guerra. Además, es la nación con menos libertad económica del mundo. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad Económica 2019 (EFW 2019 por sus siglas en inglés), realizado por el Instituto Fraser de Canadá y con la colaboración de Cedice, la nación se ubicó en el puesto 162 debido principalmente a la debilidad de su moneda, la dificultad para hacer negocios y el irrespeto a la propiedad privada.
De acuerdo con Cedice, durante el chavismo ha habido “una política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad, que se estableció en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013.
Con expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y fiscalizaciones, el Estado contribuyó significativamente a la caída de la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de todo tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela, según Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio.
Desde atrás
La historia del control de precios en Venezuela se remonta al año 1939, cuando Eleazar López Contreras tomó esa medida con la intención de garantizarle a la población el acceso a los productos básicos en un momento en el que la oferta se veía comprometida por el recorte de las exportaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia en plena Segunda Guerra Mundial.
Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Jaime Lusinchi también intentaron controlar la economía a través de la regulación de precios. Pero la medida siempre fracasó: provocaba efectos muy negativos para la población como la aceleración de la inflación y la escasez de productos básicos. Y a pesar de los antecedentes, en 2003 Chávez decidió implementarla nuevamente en un país que además acababa de cerrar un año con una inflación de 31,2% y que venía de una huelga general de empresarios y trabajadores conocida como el paro petrolero.
Por Tal Cual
Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado
