Representantes de la Mesa Social de Caracas solicitaron a la Defensoría del pueblo que defienda los derechos de los venezolanos frente a la realización del Censo de viviendas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Benito Urrea, Coordinador General de la Mesa Social de Caracas informó que lo que exigen a la Defensoría del Pueblo es que haga justicia porque “en ese censo se violan normas internacionales, nacionales, constitucionales, institucionales y se hace fuera de toda ética política”.
Destacó que el acto de empadronamiento que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular de Planificación es un “proyecto político dirigido a localizar viviendas que están desocupadas, a controlar políticamente a las personas y a comprarles su conciencia mediante los bonos que otorga el Estado”.
Alertó a la población sobre otras acciones que en paralelo pondrá en marcha el Ejecutivo para lograr el control absoluto de la población.
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“Se trata de llevarnos al proyecto del Estado comunal por parte del PSUV y sus partidos aliados, quienes buscan establecer un Estado dentro del Estado, al pretender desplazar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia junto al sufragio universal, directo y secreto establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.
Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas asegura que el decreto 3.990 es inconstitucional porque establece la realización del censo a través del Poder Popular pero no cuenta con el aval de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 54, numeral 5 de la Ley de la función pública de estadística y la Ley de Cartografía.
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