El Gobierno venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas Y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
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“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Bachelet.
Lamentó que el Gobierno, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
La actualización del informe llamó la atención sobre el maltrato sufrido por presos políticos especialmente militares.
En el nuevo documento, Bachelet mantiene su preocupación por el deterioro de la economía y lo inaccesible que se ha convertido para los venezolanos poder comprar alimentos.
De igual forma, resaltó que la dolarización de la economía incrementa las desigualdades sociales y agregó que las fallas de los servicios públicos impactan en la población, en especial del estado Zulia.
A juicio de Bachelet, las sanciones impuestas al gobierno del presidente maduro están teniendo un fuerte impacto en los programas sociales, lo que a su vez ha incrementado la migración.
Bachelet destacó que el gobierno ha liberado 83 personas detenidas que habían sido incluidas en su informe y acotó que están pendiente la liberación plena de la jueza Afiuni y el periodista Braulio Jatar.
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad de pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
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