En Venezuela, en los últimos, años se ha desarrollado una política económica enfocada claramente en destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la población venezolana, en lo que ha sido calificado como un “genocidio económico”.
Así lo revela una investigación adelantada desde el año 2007 por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, a cargo de los especialistas Ricardo Rojas y Andrea Rondón, a través de la cual se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada que ha tenido como consecuencia la
destrucción del aparato productivo nacional; un sometimiento prácticamente absoluto de los productores al Estado venezolano; y los mayores índices de pobreza y desnutrición que se recuerden. En su trabajo, se pasearon por el Estatuto de de Roma, en cuyo artículo 6 en el que se establece de manera específica que “…se entenderá como supuestos de «genocidio» cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” En el caso venezolano, los autores de esta investigación, afirman que existe un genocidio económico fundamentalmente relacionado con el c)Sometimiento intencional.
Rojas y Rondón afirman que una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población
destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar
y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares. Se ratifica como en el Estatuto de Roma se definen las etapas en las que claramente se identifica el propósito de destruir a una parte de la población. En el caso venezolano, se han denunciado persecuciones políticas, torturas, prisiones ilegales, homicidios por grupos paramilitares y un sistemático abuso del poder. Pero los investigadores incluyen entre estos argumentos, el del desarrollo de una política económica enfocada claramente a destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la
población venezolana.
A modo de conclusiones los investigadores del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, advierten que cuando se examina una eventual imputación a Nicolás Maduro y miembros de su gobierno por delitos de lesa humanidad y genocidio, a las imputaciones de persecución política a disidentes, encarcelamientos, muertes, fomento de grupos paramilitares descontrolados, detenciones arbitrarias y corrupción, no deben olvidarse -porque a esta altura constituye una clara forma de persecución sistemática e intento de aniquilamiento de parte de la población civil- todas las medidas económicas y sus nefastas consecuencias. Lo que se ve agravado, en este caso, por el hecho de haber rechazado la ayuda humanitaria internacional para palear de alguna forma el hambre y enfermedades que crecen en el país.
Una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, según entienden y propician en la investigación, que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la
población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares, convierten al dictador en genocida, y esas consecuencias son palmarias en la actual Venezuela.
Con información de El Impulso
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