Rafael Arias/ El Tiempo
Unos cuatro millones de personas han abandonado Venezuela desde finales de 2015, según un cálculo de la ONU divulgado en junio. Colombia (1.300.000), Perú (768.000), Chile (288.000) y Ecuador (263.000), encabezan la lista de receptores de estos migrantes, de acuerdo con el organismo internacional.
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El flujo de venezolanos no cesa más bien se incrementa en decenas de miles mes a mes. Para finales de junio, el número de migrantes venezolanos en Colombia ya sumaba 1.408.000.
Cálculos del Banco Mundial y del FMI (Fondo Monetario Internacional) realizados el año pasado indican que el peso anual de la migración venezolana en las cuentas fiscales colombianas se ubica entre 0,3 y 0,6 puntos del PIB. Otra estimación realizada por el centro de estudios Fedesarrollo apuntaba a 0,48. En el caso de Colombia, 0,5 puntos del PIB equivale a unos USD $1.500 millones aproximadamente.
Además de acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), el financiamiento internacional recibido por cada migrante o refugiado venezolano apenas supera los US$200 dólares.
Entre abril de 2017 y diciembre de 2018, ingresaron en Chile unos 470.000 inmigrantes (lo que equivale a 2,5% de la población y 3,8% de la fuerza laboral), de los cuales 43% eran venezolanos.
El abogado e internacionalista Daniel Merchán explica que producto de la crisis del país evidentemente cada una de las medidas que están tomando algunas naciones, unas más severas que otras, corresponden a acciones de protección, ya que, el tema venezolano se está convirtiendo en un problema social de orden geopolítico.
“Casos como el de Perú, Ecuador, Chile, con la regularización de las visas, lo que están tratando de evitar es sobrepasar las capacidades del país que recibe en cuanto a la asistencia a los migrantes. Recordemos que existe una migración forzada; quizá en un primer momento lo que recibieron las naciones receptoras fue una migración profesional, mucho más calificada, de provecho para los países, pero en este momento los ciudadanos venezolanos están saliendo desesperadamente del territorio, por lo tanto, es un proceso migratorio con otras características donde abundan casos de personas enfermas, y en el peor de los casos con un comportamiento social negativo o delincuencial, otros con una necesidad de asistencia en materia de empleo, así como de alimentación; y es ahí cuando los países deben evaluar los recursos que poseen, pese a las ayudas que han llegado, por ello ha surgido la necesidad de dichas medidas”.
Insite que hay otros casos que no son justificables debido a que poseen características que claramente lesionan los Derechos Humanos, como el de Trinidad y Tobago.
“Actualmente hay encarcelamiento de venezolanos sin respuesta, desapariciones forzadas en algunos, que han sido ampliamente denunciados y sabemos muy poco de las características que están sucediendo con esos particulares” .
Señala que cuando se adoptaron algunos convenios, sobretodo en américa latina, se pudo lograr que los pasaportes venezolanos, en estado de vencimiento o por vencerse, puedan ser utilizados por los venezolanos en el exterior pero aún queda la incertidumbre con los que se encuentran en el país y no pueden salir por las vías regulares.
“El problema radica en cómo puede hacer un venezolano para salir del país por vías tradicionales teniendo el documento en condiciones que no se le permita su tránsito hacia otras regiones”, dijo.
“La medida de aceptación de pasaportes vencidos es otro esfuerzo más para intentar llevar un control migratorio, de otro modo sería aún mayor el colapso en diversas fronteras. Casos complejos como el de Tacna entre Perú y Chile, o la de Ecuador que tantas complicaciones ha traído para los migrantes venezolanos”.
Manifiesta que la tarjeta de identidad migratoria, propuesta por David Smolansky en la OEA, intenta regularizar la situación de los migrantes donde exista una data real de los venezolanos que están en un proceso de migración en otro país. “Aunque la verdad es que no existe precedentes en cuanto a estos mecanismos pero lamentablemente de continuar la crisis la cifra de diáspora podría ascender a 9 millones de personas y eso controlarlo resulta prácticamente complejo”.
En cuanto a los abusos, incluyendo la xenofobia, el especialista insiste que dichos procesos migratorios masivos tienden a generar ese celo, sobretodo cuando los países comienzan a entrar en recesión económica tienen a poner como primer culpable al extranjero, quien en principio según la visión del nacional no debería tener los mismos derechos de quien nació y radica en dicho país. “Eso es un fenómeno que se ha dado en Grecia, se dio en Alemania, en Europa con la migración Siria, evidentemente todo esto plantea una serie de retos que conlleva a un esfuerzo de los gobiernos y de la comunidad internacional en conjunto en concientización, formación y atención al migrante”.
Ratifica que lo ideal es que los países receptores atiendan las recomendaciones proporcionadas por Acnur sobre el manejo de refugiados y apoyarse mucho por parte de la comunidad internacional.
Advierte que países como Argentina y Colombia podrían implementar mecanismos para hacer más riguroso el acceso de los venezolanos en sus territorios siguiendo la línea de acción aplicada por Chile, Perú y Ecuador.
“Estos países también han recibido ese impacto migratorio. Ante ello las personas deben entender que mientras mayor orden legal tenga su estatus migratorio va a ser mucho más sencillo el proceso de llegada al país que escoja”.
Merchán añade a su vez que una inminente sanción de bloqueo o cuarentena al país, tal y como lo dio a conocer el presidente de los EE.UU. Donald Trump, incentivaría la salida apresurada de migrantes.
“Una cuarentena de aplicarse significa que no hay ingreso de ningún tipo de embarcación a Venezuela. Eso complicaría aún más a un país que depende de las importaciones y claramente incentivaría la salida apresurada ante la carencia de insumos y recursos que le ayuden a sobrevivir”.
Una diáspora de 20 años
“El tema migratorio venezolano hay que verlo desde el contexto. A principio la ola migratoria tiene su primer hito entre el año 1998 y el 2000 cuando empiezan los venezolanos a salir del territorio y mucho menos los que ingresan en calidad de inmigrantes. En ese momento quienes tomaban la decisión de irse eran empresarios, personas de clase media y alta, que realizaban ese salto por temas de estudio o algunos con temor temprano a los efectos del chavismo que apenas comenzaba”, detalla la socióloga Cristabel Cartaya.
“Muchas familias cuando comenzaron a notar los signos de la izquierda en el gobierno de Hugo Chávez, decidieron que era el momento salir del país. Un efecto parecido al que notan actualmente los venezolanos en México con la presidencia de López Obrador”.
Detalla existe entonces un primer hito migratorio donde los principales destinos fueron: España, Miami y Panamá, donde a su juicio no hubo mayor reclamo por parte de quienes recibían a los migrantes.
“Esta es una diáspora que comenzó hace 20 años pero que desde hace 3 o 4 años se ha incrementado de manera exponencial. Sin embargo, el problema está en que la migración venezolana se ha transformado profundamente y ahora el grueso de la población que sale es vulnerable, está huyendo, son desplazados del sistema político”.
El grueso de los venezolanos se ha dispersado hacia américa latina, fundamentalmente a los países donde pueden tener acceso por vía terrestre en autobús o en casos más extremos caminando, por la misma razón de la vulnerabilidad.
“Los países latinoamericanos han tomado medidas restrictivas porque ellos son los que han recibido la mayor presión demográfica, la cual supone una carga económica para las naciones que no tienen la capacidad de protección social ni siquiera para sus ciudadanos. Recordemos que américa latina es un territorio desigual donde los países no han logrado por completo satisfacer todas las necesidades básicas”.
Asegura que dentro de la misma desesperación los venezolanos aceptan trabajos por menos del sueldo habitual correspondiente. “Eso sumado a la posición de países como Perú que está usando esa migración para asustar a sus connacionales haciendo que las medidas restrictivas terminan siendo bastante populares”.
Coincide con Merchán al afirmar que se trata de “un problema geopolítico”, pero con acciones de regularización que terminan siendo poco efectivas que terminan empeorando la situación. “La realidad es que los migrantes no van a dejar de salir de Venezuela por la situación en la que viven. No hay forma que te quedes en el país cuando tu vida, tus hijos y tu salud está en riesgo. Esta situación puede terminar alimentando el mercado negro, favoreciendo la trata de personas que algunos terminen quedándose sin papeles y con la imposibilidad de poderlos emitir nuevamente, mucho más desprotegidos; y en medio de un mercado laboral gris donde no se pueda rastrear, o regular las condiciones de ese trabajador migrante”.
“Las restricciones no inhiben a quien quiere emigrar. Lo que hace es que hace mucho más tedioso su proceso de regularización haciendo su vida mucho más precaria en el tiempo”.
Calificó las políticas migratorias actuales desarrolladas por Perú, Ecuador y Chile como “medidas ineficaces, que van por la dirección equivocada”. “La medida inicial que tomó Argentina de abrir un espacio de legalización regularización e integración era el camino; y lo segundo a desarrollar es buscar de forma conjunta entre las poblaciones resolver el tema de la demanda de empleos así como las necesidades sociales”.
“Humillados y vejados”
El diputado de la AN, José Gregorio Correa, considera que el gobierno que peor se ha portado con los inmigrantes venezolanos es el de Trinidad y Tobago porque, lejos de apoyarlos, han sido “humillados y vejados” como si fueran delincuentes.
“El gobierno trinitario es el que peor se ha portado con los venezolanos, ha encarcelado a los venezolanos que han llegado de manera irregular, y en lugar de ser orientados, han sido humillados como si fueran delincuentes. El venezolano no es delincuente, ser venezolano no es sinónimo de delincuente, es deseo de trabajar”.
Criticó que la cancillería en manos del gobierno socialista de Nicolás Maduro no active los consulados en las ciudades donde hay más cantidad de migrantes venezolanos.
“No hay atención consular. Una venezolana tiene su hijo afuera, ¿dónde lo presenta? (…) No están trabajando (los consulados) porque piensan que el que emigra es un enemigo político. Pero es tan venezolano como el que se queda. Hasta que no entendamos que tenemos que reconocernos con el otro, le vamos a dejar a nuestros bisnietos una guerra eterna”, reflexionó Correa.
“Los consulados deben trabajar con una cancillería que no ignore a los venezolanos que están en el exterior”, añadió.
No obstante, aseguró que cuando los consulados no funcionan, no le hacen daño al país o gobierno receptor, sino a los venezolanos que están en esas naciones, los cuales, “se van en búsqueda de oportunidades, no por turismo”.
Refugiados venezolanos
El coordinador de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los refugiados venezolanos, David Smolansky recordó que se trata de la segunda mayor crisis de este tipo en el mundo, solo superada por Siria, un país que lleva más de ocho años en guerra. En cambio, -dijo-, a un refugiado sirio se le ha otorgado unos 5.000 dólares per cápita, mientras que un venezolano solo ha recibido unos 100 dólares o un poco más.
Smolansky valoró que los montos entregados por la comunidad internacional son «insuficientes» no solo para los migrantes, sino para países como Colombia, donde hay más de un millón de venezolanos.
Se refirió a la «tarjeta de movilidad regional», una propuesta presentada a la OEA para que los venezolanos que no cuentan con documentos puedan contar con una identificación. Valoró las razones por las cuales los venezolanos deberían recibir la condición de refugiados, entre ellas la crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas, la violencia, el colapso económico, la falta de agua, luz y las violaciones a los Derechos Humanos.
Smolansky indicó que la mayor solución para la crisis de refugiados venezolanos es la recuperación de la democracia en Venezuela.
«Solo con democracia y libertad en Venezuela va a disminuir significativamente la migración forzosa y habrá más incentivos para que los venezolanos vuelvan al país», agregó.
Según los cálculos, de no cambiar la situación, en el próximo trimestre unos 500.000 venezolanos estarían saliendo del país, mientras que en un semestre la cifra podría escalar a un millón de venezolanos dejando sus casas en busca de una vida mejor en el extranjero.
“La gente de migraciones junto con el director de asuntos consulares están presentando una tarjeta de movilidad regional, una propuesta que tienen, así como centros de recepción para acoger y movilizar a los migrantes, y la información necesaria para que ellos sepan, por ejemplo, en Argentina dónde pueden radicarse, cuáles son los impactos que tiene estar en la capital; hay muchos otros lugares, donde el aporte que pueden hacer en este período transitorio de sus vidas sería mucho mejor”, expresó el canciller argentino, Jorge Faurie, IV Reunión Técnica Internacional sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región celebrada entre el 4 y 5 de julio de este año en Buenos Aires.
Indicó también que se debe “atenuar el impacto y mitigar los efectos” de la corriente migratoria, así como “echar una mano a los venezolanos”.
Elisa Trotta, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina solicitó a los gobiernos de la región “convertir nuestros discursos en acciones”. Al mismo tiempo, instó a los países de América Latina a “garantizar las solicitudes de refugio” para los venezolanos que huyen de la dictadura.
También remarcó que “la imposición de medidas adicionales para el ingreso de venezolanos en algunos países está generando otra crisis de migrantes forzados en varias de las fronteras de nuestra región”.
Mecanismos a favor de los migrantes venezolanos
La Organización de las Naciones Unidas aseguró que 14 gobiernos de América Latina y el Caribe facilitarán la integración de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región.
Las acciones específicas están relacionadas con la convalidación de títulos académicos, la lucha contra la trata de personas y la cobertura de atención en salud, entre otras.
“El Proceso de Quito representa un espacio clave para la comunicación y la coordinación entre los Estados. Hay muchas buenas prácticas en la región y los gobiernos se benefician de las oportunidades de intercambio, articulación y armonización. Por tal razón, es crucial seguir ampliando y fortaleciendo la participación de los países de la región en este proceso”, aseguró Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones sobre el éxodo venezolano (OIM).
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“El éxodo continuo de venezolanos supera y desborda las capacidades y recursos de los gobiernos de la región. Esto implica un reto inmediato para los países”, dijo.
Según informó la ONU, los gobiernos acordaron «reforzar la cooperación, comunicación y articulación entre los países de tránsito y destino de los venezolanos», fortaleciendo las medidas contra los delitos transnacionales, como el tráfico y la trata de personas, así como contra la violencia sexual y de género y el combate a la discriminación y la xenofobia, asegurando la protección de los más vulnerables.
El plan prevé la creación de centros de información, recepción, orientación y asistencia a refugiados y emigrantes, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado.
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