El economista y miembro de la Junta Directiva Pdvsa Ad Hoc, Alejandro Grisanti, realizó una serie de aclaratorias respecto al caso Crystallex.
Puntualizó que «este caso nace de un proceso de nacionalización de la mina de oro Las Cristinas realizado por Hugo Chávez en el 2008. Seis años después de que su explotación fuese concedida -por él mismo- a la empresa canadiense Crystallex».
La deuda por USD 1.200Millones, es una indemnización que tiene que pagar la República, luego de un proceso de arbitraje en el CIADI que culminó alrededor del 2014.
Un fondo litigante compró Crystallex y con ello la deuda que tienen con la República, es decir, Crystallex ya no tiene obreros, mineros, contadores, etc, tiene simplemente abogados litigantes, que buscan extraer recursos de un país que atraviesa una crisis humanitaria.
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«En 2017 se introduce una demanda contra PDVSA para que sea la empresa petrolera quien pague los platos rotos de la República. Inexplicablemente la República abandona el caso, PDVSA toma el caso y se produce la primera sentencia en contra en 2018 – OJO Aquí seguimos en la era roja», puntualizó.
Sumado a ello, explicó que para el mes de octubre del 2018, la República retoma “inexplicablemente” el caso y sin hablar con Pdvsa llega a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares.
Destacó que la primera sentencia se dictó en agosto de 2018 y allí comenzó la segunda instancia. Lo único que se podía hacer para ese momento era lograr que la República interviniese en el juicio. Cuando nos toca a los representantes de Juan Guaidó en Febrero de 2019 ya estaba todo listo. No había posibilidad de introducir nuevos alegatos.
Por otra parte, Grisanti comentó que el procurador José Ignacio Hernández, actuó como testigo experto independiente y nunca como abogado. Jamás se pronunció sobre el fondo del caso. No obstante, para marzo 2019 se inhibe del caso dejando a cargo a la abogada Maria Ignacia Borjas.
Cabe destacar que se solicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump, una orden ejecutiva para proteger los activos del país en suelo americano, pero “por ahora” no lo han concedido ya que entienden que las sanciones protegen los activos Venezolanos.
Ante esta situación el economista puntualiza que «la responsabilidad de esta pérdida debe recaer únicamente en Chávez y Maduro».
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