Más de $3.000 millones se perdieron entre 1998 y 2016 por desfalco del Arco Minero del Orinoco, informó Ecoanalítica

La Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó frenó el contrabando en febrero de 2019 al aprobar la Ley de Protección de Activos

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En 2012 el mal manejo de la indutria petrolera y la falta de inversión causaron que la producción disminuyera al equivalente de 22 kb/d y comenzara una mala racha de ocho años seguidos hasta el 2019.

En 2012, la caída de la producción fue compensada por un aumento del precio y sus efectos se diluyeron en el corto plazo; sin embargo, a partir de 2013, los ingresos petroleros han colapsado y en 2018 solo representaron 14,5% de lo que fueron en 2012.

Durante los años de gobierno del expresidente Hugo Chávez, Venezuela gozó de un mercado petrolero particularmente generoso. Entre 1999 y 2013, el precio del crudovenezolano aumentó de USD 16,2 por barril hasta USD 101,2 por barril (525%). Adicionalmente, el Estado multiplicó por 7,3 la magnitud de sus pasivos para financiar un
gasto social de magnitudes insostenibles y sostener apoyos políticos cruciales. En este
contexto de bonanza, la estructura interna del oficialismo se acostumbró a percibir ciertas
rentas a cambio de su lealtad, pero todo cambió a partir de 2013.

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La captación de divisas se obtenía a través de Pdvsa o en su defecto, por medio de un sistema de control regulado por el gobierno de Chávez primero, de Maduro luego, hasta que la oferta mermó y el resultado fue el colapso de la economía venezolana.

En Ecoanalítica calculan que entre 2005 y 2018 las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalen a USD 73.666 millones para el sector público no petrolero y a USD 149.314 millones para el sector privado y personas naturales. En total, se habrían colado USD 222.980 millones 1 en subsidios cambiarios durante ese período de 14 años.

No obstante, esta renta disminuyó significativamente a medida que los ingresos petroleros se desplomaron. En 2018 las divisas que percibió el Estado venezolano por ventas de crudo representaban el 12,1% del nivel en 2014.

Ante tal contracción de la principal fuente de ingresos del país, aquellos grupos que
percibían rentas asociadas, directa o indirectamente, se vieron “obligados” a migrar
hacia otros esquemas captadores de rentas para mantenerse complacidos. Como
resultado, han florecido industrias oscuras, como la minería ilegal, y ha aumentado la relevancia de otras como el contrabando de gasolina y el narcotráfico.

El oro perdido en los caminos verde oliva

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), entre 1998 y 2011 Venezuela exportó 58,3 toneladas de oro. Sin embargo, según cifras de comercio cruzadas entre los datos oficiales de cada país perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), COMTRADE, Venezuela en realidad exportó 71,8 toneladas de oro durante ese período.

La nacionalización del sector minero ocurre en 2011 bajo la gestión presidencial de Hugo Chávez.

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El hecho de que el 18,8% de la producción no haya sido registrada indica que los mecanismos legales podrían haber presentado trabas que incentivaban la informalidad. Por ejemplo, además de los impuestos a la exportación mineral, el “Régimen de Importaciones, Exportaciones y Cambios” que estuvo vigente hasta la nacionalización obligaba a los exportadores a vender la mitad de su mercancía al Banco Central de Venezuela (BCV), una condición que los exportadores ilegales pueden haber intentado evadir.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 99,1% del oro exportado entre 1998 y 2011 se envió a Suiza.

Mientras que la base de datos UN COMTRADE informó que el destino europeo fue la tendencia incluso después de la nacionalización. Hasta 2016 el 98,9% de los envíos se ha dirigido a Suiza.

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A partir de la nacionalización del sector, se prohibió la explotación de oro sin aval gubernamental. Además, su comercialización interna y externa quedó exclusivamente en manos del BCV. De esta manera, en papel, si la extracción del metal no es notificada a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) o si el metal no es vendido directamente al BCV, la operación es ilícita. A pesar de ello, la minería ilegal ha seguido floreciendo, esta vez de la mano del oficialismo y del alto mando militar. Simultáneo a la nacionalización, se crearon 20 empresas mixtas para explorar y extraer oro en las cinco zonas de lo que comenzó a denominarse como “Arco Minero del Orinoco”, con 55% de participación del Estado venezolano.

Antes de la nacionalización, la producción oficial de oro llevaba dos años en caída.
Después de ella, las empresas privadas más productivas fueron desmanteladas y la
zona se perdió frente a grupos armados locales. Poco a poco, se alcanzó un acuerdo
tácito bajo el cual los “pranes” (líderes armados locales) supervisan la explotación en
las minas, mientras el Gobierno les cobra una comisión y les compra parte de las
arenas para procesarlas en plantas de empresas mixtas o estatales.

Empresas mineras al margen de la ley

Al margen de la ley, han surgido empresas privadas de procesamiento de arenas minerales. La mayoría de ellas utilizan prácticas de cianurización por su bajo nivel de inversión requerida; sin embargo, el método genera daños ambientales de gran magnitud y por ello está prohibido en los principales países mineros.

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Un claro ejemplo del modus operandi de las empresas mixtas mineras es la empresa Oro Azul S.A. Creada en 2016 para explotar coltán (metal valioso de color azul que abunda en el Amazonas venezolano) bajo el mando del entonces ministro de “Desarrollo Minero Ecológico”, Jorge Arreaza. Según el informe “Fuga del oro venezolano” publicado en “Runrun.es”, la sede oficial de Oro Azul se encuentra en una calle inexistente de una zona inexistente de Puerto Ordaz. En la misma cuadra inexistente se encuentra la sede oficial de otras tres empresas mixtas mineras: Venrus, Rusoro Venezolana y Hecla.

En febrero de 2018 fue detenido un cargamento de 46 lingotes de oro, propiedad de Oro Azul, en el aeropuerto de Aruba. Este evento destapó una nueva ruta de escape del oro. El metal precioso solo iba de paso, ya que después de Aruba se dirigía a Holanda continental, desde donde volaría a su destino final: una refinería en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

2017-18: Cambio de timón

Desde 2017 se dio un cambio operativo en la exportación minera ilegal. Como confesó
Víctor Cano, ministro de “Desarrollo Minero Ecológico”, desde 2017 se ha intentado migrar hacia un esquema de exportación a mercados asiáticos y árabes para evitar las
sanciones americanas que han impuesto a ciertos militares. Curiosamente, la confesión
solo debería aplicar para las ventas bajo mecanismos del BCV, dado que el interlocutor
fue un ministro. Pero, mientras las exportaciones de oro hacia EAU totalizaron USD “0”
en 2016, en 2017 se exportaron USD 1.031 millones, según cifras oficiales de EAU. En
contraste, el BCV solo reportó la producción (y compra) de un total de 8,16 toneladas
ese año (USD 360 millones); por ende, al menos USD 671 millones fueron
contrabandeados a EAU ese año.
Bajo la misma estrategia de redireccionar el oro, en 2018 iniciaron grandes envíos
hacia Turquía. El primer día del año despegó un cargamento equivalente a USD 36
millones y durante el primer trimestre (1T2018) los envíos mensuales hacia Turquía
promediaron USD 227,7 millones, según cifras oficiales del Instituto Estadístico Turco
(TSI, en inglés).

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2018 fue un año de cambios en el mercado de minería ilegal venezolano. En el primer
trimestre, mientras el TSI reportó que se exportaron USD 519,4 millones a Turquía,
Importgenius reportó que se habían enviado USD 175,4 millones a Emiratos Árabes
Unidos y USD 40,5 millones a China. En términos de toneladas, solo estas tres
naciones representarían 16,6 toneladas, cuando el BCV solo reportó la compra de 6,2
toneladas (37,3%).

En junio de 2018, el Ejecutivo inició la operación “Manos de Metal”, donde apresaron a
líderes de la minería ilegal y ajusticiaron a uno de los principales pranes, cuyo alias era “Capitán”.

En noviembre de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial que sancionó, entre otras cosas, cualquier actividad relacionada con la minería en Venezuela. Un objetivo de aquellas sanciones fue dificultar las relaciones comerciales de los exportadores de oro ilegal que captan rentas y son allegados al régimen, trabando los eslabones de transporte internacional, impidiendo que las refinerías tradicionales lo reciban y dificultando que algún bróker (agente comercial) facilite las operaciones.

En enero de 2019, con la toma de posesión de la nueva Directiva de la Asamblea Nacional, se aprobó una Ley de Protección de Activos que añadió un grado mayor de dificultad al régimen y sus allegados en sus intentos por generar caja con la venta de oro. En el marco de esta ley, se han evitado grandes transacciones en Asia y la refinería aurífera de Dubái, que solía comprar el oro, se negó a recibir cerca de 20 toneladas a inicios de febrero.

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Cada vez existen mayores dificultades para realizar movimientos de oro venezolano. Semanas atrás, por ejemplo, autoridades locales descubrieron 7,4 toneladas de oro contrabandeado en Uganda, presuntamente provenientes de Venezuela. El reporte coincide con denuncias hechas por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de la desaparición de 8 toneladas de oro de las bóvedas del Banco Central; sin embargo, ello implicaría la desaparición de 0,6 toneladas (7,5%) que equivalen a USD 27,94 millones.

Datos finales

En total, se estima que se perdieron cerca de USD 3.008 millones entre 1998 y 2016 a través de las distintas rutas de fuga de oro, Aruba, Curazao, Bonaire, Holanda o Bélgica, hacia Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos o China; el desangramiento del Arco Minero del Orinoco fue sustancial. No obstante, la mayor parte del contrabando del período de estudio ocurrió en 2016, cuando salieron USD 1.834 millones en oro contrabandeado del país (60,9% del total). El cuadro en 2017 y 2018 presenta mayores dificultades para ser estimado, porque aún UN COMTRADE ni los EAU han publicado datos; sin embargo, definitivamente, la fuga del oro en los últimos dos años fue superior a los USD 2.147 millones.

Guillermo Arcay Finlay – Ecoanalítica

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