«Casi la totalidad del bono está en manos de inversionistas institucionales de Estados Unidos y Europa. USD 1.521 millones (90,3%) de las posiciones del P20 se reportan en cuentas de dinero real y listadas en Bloomberg, mientras que los USD 130 millones restantes (7,7%) está en manos de fondos de cobertura – que no están obligados a revelar
públicamente sus a revelar públicamente sus posiciones –, lo que deja solo USD 33 millones, o 2,0% del total, para las posiciones locales”, detalla la firma como contrargumento para aquellos que indican que el pago de los intereses del polémico bono favorece a personeros del gobierno.
Sin embargo, en su último informe revelado a los medios de comunicación evalúan otros argumentos de los que objetan la estrategia del Presidente (E) Juan Guaidó y su equipo.
«El gobierno interino claramente no tiene la capacidad de satisfacer a todos los acreedores que pudieran reclamar su pago a través de Citgo”, señaló Torino, mencionando a Crystallex y ConocoPhillips debido a las demandas que han emprendido ante tribunales internacionales por impago. “Sin embargo, aún si el gobierno interno tuviera la capacidad de pagar todos estos reclamos (para lo cual necesitaría USD 5,8 millardos para el pago de amortizaciones y USD 216 millones para el pago de intereses), probablemente esto conllevaría a que otros acreedores vayan tras estos activos”.
A continuación reproducimos parte de la nota de prensa enviada desde esta firma consultora:
En otras palabras, señala la firma, si persiste el escenario actual, a la administración de Guaidó en algún momento se le acabará el dinero para pagarle a los acreedores y, dado el actual clima político, “quizás se le termine primero la voluntad de hacerlo”. No obstante, si la situación mejora, (es decir, si se logra un cambio de gobierno o se obtiene
una orden ejecutiva de protección de activos por parte del gobierno de Estados Unidos) cancelar la obligación le otorga opcionalidad al equipo de Guaidó.
“Sea cual sea la validez de estos argumentos, creemos que, si este pago generó niveles nada despreciables de ruido político en un contexto de cohesión todavía alta entre miembros de la oposición, entonces el desembolso de USD 913 millones en octubre se enfrentará a problemas aún mayores si el statu quo actual persiste. Si la oposición no ha podido producir un cambio de gobierno en seis meses, entonces el argumento de opcionalidad en favor del pago se desvanecerá, al tiempo que el costo de cancelar será mucho más alto”, explica Torino Economics.
“Por lo tanto,no esperamos que el gobierno de Guaidó honre el pago de octubre si para entonces permanece fuera del gobierno”. Pero no todo está perdido. Para Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma, urge el desarrollo de una nueva
estrategia que permita mantener la propiedad de Citgo y que no dependa ni del apoyo de Estados Unidos, a través de una orden de protección de activos, ni de la caída rápida del gobierno de Nicolás Maduro. “En primer lugar, el gobierno interino debe elevar la solicitud de una orden de protección de activos directamente frente a la Organización de Naciones Unidas en vez de solo ante el gobierno estadounidense”, escribió en su artículo.
Considera que una solicitud de este tipo no solo conseguiría el aval de los cuerpos técnicos de la organización, que suelen inclinarse favorablemente hacia los países deudores, sino además el apoyo de China y Rusia, los cuales, a pesar de no reconocer a Guaidó, tienen intereses económicos para los cuales resulta conveniente que Citgo permanezca en manos venezolanas. El respaldo que pudiese dar el Consejo de Seguridad de la ONU a una
medida como esta podría influir en la decisión de Estados Unidos de emitir una orden de protección, tal como ocurrió con Irak en 2003.
“Al mismo tiempo, el gobierno interino debe tomar una posición más proactiva para negociar con los acreedores desde una postura de defensa de los intereses venezolanos”, añadió. Recordó que la administración de Guaidó está facultada con el reconocimiento que le otorga Estados Unidos para representar a la nación en cortes estadounidenses. “Eso quiere decir que tiene la autoridad y la capacidad para renegociar los
términos de la deuda, creando así compromisos legalmente vinculantes para cualquier gobierno futuro”, explica. En este sentido, el economista indica que es posible suscribir un pacto con los acreedores en el que se acuerde no embargar ningún activo de la República mientras se resuelve la crisis política. “Como en toda negociación, se deben combinar inteligentemente las posturas firmes con los incentivos positivos”, sostuvo.
