Que Caracas sea la ciudad menos asequible para alquilar vivienda, según el índice Bloomberg Global City, no le sorprende a Marco Zárraga, quien desde enero de 2018 no consigue un alquiler en el este de Caracas por debajo de los 100 dólares. La realidad económica se impone sobre la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que rige esta materia desde 2011, y que prohíbe arrendar en moneda extranjera.
Desde 2012 no se actualiza el valor por metro cuadrado a pesar de la inflación. Los contratos se hacen al margen de la ley, no son escritos, sino orales y priva la buena fe. En febrero de 2017, alquilar una habitación en La Pastora, San Agustín, Quinta Crespo o Candelaria costaba Bs 35 mil. Un año después arrendar un cuarto en La Pastora, cerca del TSJ, cuesta Bs 700 mil, 950 mil en San Bernardino y en una residencia de estudiantes en Prado de María, cerca de la UCV, piden 900 mil. En un año, los precios registraron incrementos que oscilan entre 1.900% y 2.400%. Desde el 1° de marzo, el salario mínimo integral se ubicó en Bs. 1.307.646, según reseña un trabajo publicado en El Universal.
En municipios como El Hatillo, Chacao y Baruta las tasas de alquiler de una habitación con baño se ubican entre 25 y 30 dólares. Por un anexo en Prados del Este de 90 metros piden Bs 30 millones (138 dólares) y arrendar un apartamento de una habitación en El Rosal ronda los 200 dólares.
El mercado es reducido y ofrece muy pocas opciones para quienes tienen niños y mascotas. La mayoría de los arrendatarios buscan parejas o personas solteras. Aquiles Martini, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, recuerda que la Ley de Arrendamiento no proporciona seguridad jurídica a los propietarios.
Por precaución muchos solicitan hacer el contrato a nombre de una firma jurídica y algunos propietarios de apartamentos prefieren arrendarlos para oficinas. Otros ofrecen la llamada habitación compartida, la forma más factible que han encontrado universitarios, profesionales o personas del interior para tener un techo.
Sectores populares como Las Minas de Baruta, algunos barrios de Petare, El Pedregal y La Cruz en Chacao y El Calvario en El Hatillo se han convertido en lugares demandados para arrendar viviendas.
Miles de demandas de desalojo están paralizadas. Entre las razones, Teresa Borges, abogado inmobiliaria, señala que faltan refugios temporales y defensores públicos, y que los juicios en materia inquilinaria pueden tardar hasta un año para fijar una audiencia. Agrega que en la actualidad hay cinco leyes que regulan el tema del arrendamiento cuando debería existir solo una. Propone despolitizar el área de alquiler de viviendas y establecer medios externos de solución de conflictos sin llegar a los tribunales.
DELIA MENESES
