Luisa Ortega confía que Nicolás Maduro sea capturado con una alerta roja de Interpol

Recordó que el 19 de febrero pasado solicitó ante el TSJ en el exilio un antejuicio de mérito contra Maduro y “una orden de captura internacional por delitos de corrupción, legitimación de capitales, y el caso del soborno que pagó a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos”.

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Luisa Ortega Díaz dijo hoy que espera que “puedan interceptar en el aire” al presidente Nicolás Maduro “y detenerlo” en vista de la orden de captura internacional que ella presentó este mes ante el llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, reseñó EFE.

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“Pedí que se generara alerta roja de Interpol contra Nicolás Maduro, y sea detenido en Perú si es que va a la Cumbre de las Américas o donde vaya, ojalá lo puedan interceptar en el aire y detenerlo”, dijo Ortega durante una sesión de la Comisión de Política Interior del Parlamento.

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Recordó que el 19 de febrero pasado solicitó ante el TSJ en el exilio un antejuicio de mérito contra Maduro y “una orden de captura internacional por delitos de corrupción, legitimación de capitales, y el caso del soborno que pagó a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos”.

Según la fiscal destituida, se constató en una investigación que la campaña presidencial de Hugo Chávez, en 2012, la pagó Odebrecht y que el que recibió el dinero fue Maduro, quien para la fecha era canciller.

“Recibió de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana los dineros, ellos confesaron que fueron contratados por Odebrecht para negociar con Nicolás Maduro en la propia Cancillería venezolana el pago de la campaña y el financiamiento de esta campaña presidencial de Hugo Chávez”, detalló Ortega.

Explicó que para esa operación se utilizaron empresas fachadas en República Dominicana y Venezuela y que “muchos pagos se realizaron a través de Joao Santana, que junto con su esposa, Mónica Moura, eran los encargados de pagarle a Nicolás Maduro”.

El TSJ en el exilio está conformado por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, surgida de las elecciones de 2015 y que no reconoce la legitimidad de los 33 magistrados en ejercicio de esta alta corte por supuestas irregularidades en su proceso de elección en diciembre de ese mismo año.

De los 33 magistrados del TSJ avalados por la Asamblea Nacional venezolana, 13 viven en Florida (EE.UU.), 7 en Colombia, 6 en Chile y 4 en Panamá.

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