Así queda la oposición tras la estocada final del TSJ a la tarjeta de la MUD

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MUD
Foto/ Cortesía
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Desde la instalación de la «Asamblea Nacional Constituyente», el Tribunal Supremo de Justicia no había dado tanto de que hablar a los venezolanos como antes, debido a que la mayoría de las medidas políticas que han escandalizado a la opinión pública empezó a ser emitida por la nueva instancia.

Sin embargo, ayer la cabeza del Poder Judicial volvió a ser tendencia en redes sociales debido a una sentencia de la Sala Constitucional, con ponencia de Juan José Mendoza, que prohíbe a la Mesa de la Unidad Democrática revalidarse como organización política ante el Consejo Nacional Electoral. Esto significa que la tarjeta de la MUD, la más votada en toda la historia venezolana (específicamente en las parlamentarias de 2015) no podrá utilizarse en comicios por venir.

El fallo alega que la coalición opositora estaría incurriendo en «doble militancia» cuando acuda a su validación (evento que aún no ha tenido lugar, por lo que se estaría juzgando una falta que ni siquiera ha sido cometida), debido a que se trata de una alianza de organizaciones y no un partido único.

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Dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y ciudadanos comunes expresaron en redes sociales su repudio a la decisión de inmediato. La consideran una muestra más de la eliminación de condiciones para la competitividad en elecciones por parte del Gobierno y poderes públicos sometidos a él. Todo eso en el contexto del llamado a unas elecciones presidenciales adelantadas por la ANC.

La medida fue tomada el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral, en boca de la rectora Tania D’Amelio, anunciara la «autocancelación» (sic) de los partidos Voluntad Popular y Puente, por no haber atendido el llamado a revalidarse. De esta forma, por los momentos la oposición venezolana solo podrá hacer nominaciones con las tarjetas de Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista (partido del exgobernador Henri Falcón), Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS). Acción Democrática y Primero Justicia podrían revalidar sus tarjetas. La tolda blanca desde un principio manifestó que lo intentará, mientras que la amarilla había renunciado a ello para apoyar la relegitimación de la tarjeta unitaria. Pero, tras la sentencia del TSJ, la decisión de PJ podría cambiar.

Para algunos comentaristas políticos, la sentencia del TSJ y la «autocancelación» por el CNE es prueba de que el oficialismo busca tener candidatos opositores que más bien respondan a sus intereses. Sin embargo, en caso de que la disidencia como bloque decidiera concurrir a los comicios presidenciales con un abanderado único, las tarjetas habilitadas podrían ponerse a la orden para registrar a dicho candidato.

¿Independencia de poderes? ¿Dónde?

Cabe recordar que, como evidencia un listado en la página web del PSUV (ver no. 82), el magistrado Mendoza fue diputado oficialista a la Asamblea Nacional por el estado Trujillo durante el período 2005-2010. Ese último año ingresó a la Sala Constitucional del tribunal. En 2017 sucedió a Gladys Gutiérrez como presidente de la sala.

De forma similar, la rectora D’Amelio fungió como parlamentaria oficialista por Vargas para el mismo período (ver no. 132 en la lista). En la AN llegó a ser considerada una figura cercana a la entonces presidente de la cámara y actual primera dama Cilia Flores. Fue juramentada como rectora en 2009.

Son estos dos funcionarios con cargos que se supone políticamente neutros quienes brindan los argumentos para eliminar opciones electorales para la oposición.

Larga historia

La intención de desaparecer la tarjeta de la MUD comenzó a hacerse manifiesta no mucho después del triunfo de la coalición en las parlamentarias de 2015. Todo comenzó con la campaña para realizar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. A mediados de 2016, la MUD recolectó las firmas de 1% de los inscritos en el Registro Electoral, en todos los estados y el Distrito Capital, para poder presentarse como asociación de ciudadanos que solicite el revocatorio.

El proceso estuvo marcado por los obstáculos: el CNE «decidió a última hora» que debía alcanzarse las firmas de 1% en todas las entidades federales, los sitios dispuestos para recolectar fueron concentrados en zonas remotas, el día de la validación hubo retrasos logísticos y bloqueos de vías, grupos de civiles oficialistas intimidaron con acciones violentas a quienes acudieron para firmar, etc.

Todos los escollos fueron superados. Pero la comisión oficialista encargada de «defender los derechos de Maduro» ante la oposición y encabezada por el entonces alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, participó junto con el CNE en la revisión de las rúbricas recolectadas y detectó un supuesto «fraude». Alegó que la MUD incluyó firmas de ciudadanos fallecidos y usurpó la identidad de personas vivas, entre otras irregularidades. Por ello, introdujo recursos en varios tribunales para exigir que se suspenda todo el proceso y se sancione a la alianza disidente.

En octubre, cortes penales de siete estados certificaron el tal fraude y el CNE acató la orden de suspensión. No solamente fue sepultado así el intento de revocar el mandato de Maduro, sino que además la tarjeta de la MUD quedó sujeta a una especie de limbo legal. Dirigentes oficialistas varias veces advirtieron a partir de entonces que estaba pendiente algún tipo de castigo, incluyendo la posible anulación de la tarjeta de la manito. Ahora, a pesar de ya contar con el pretexto de las firmas viciadas, el TSJ cumplió el deseo del chavismo por otros medios.

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