Consultores internacionales recomiendan incrementar riesgo de cuentas del Estado venezolano

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Hace meses grandes empresas consultoras estadounidenses están enviando informes y asesorando a sus clientes sobre cómo cuidarse de hacer negocios con funcionarios del Gobierno venezolano sancionados o con sus testaferros.

Luego de las sanciones anunciadas por el Ejecutivo estadounidense contra  funcionarios locales, la banca foránea ha extremado sus medidas de seguridad a la hora de hacer transacciones o servir de intermediarios de operaciones del Estado venezolano. Esta ha sido la principal causa en los retrasos en el pago de títulos de la deuda pública. Esta situación llevó al Presidente de la República, Nicolás Maduro a informar la semana pasada la reestructuración de la deuda, como medida para aliviar la presión en el marco de un momento económico muy álgido que vive el país.

Pero como señalaron los más connotados economistas nacionales, la reestructuración de la deuda no se decreta; pero ya conocemos la tendencia de los altos jerarcas de tratar de imponer sus criterios y puntos de vista a través de decretos en cualquier sector de la economía.

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Pero veamos cómo las consultoras se han encargado de advertir al sistema financiero internacional sobre cómo actuar para cuidarse de relacionarse con sancionados venezolanos, situación que de ocurrir puede traer serias consecuencias a la institución involucrada.

Por ejemplo tenemos la  advertencia1 que La Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés) emitió para alertar a las entidades financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela.

La advertencia describía las formas en que los funcionarios políticos podían disfrazar el producto de actividades ilícitas y transferirlas a través del sistema financiero de los Estados Unidos. En un artículo de Sven Stumbauer se indica  “Venezuela ha sido susceptible a la corrupción, los mercados paralelos y negros, y los controles de divisas que presentan desafíos para las instituciones financieras estadounidenses y extranjeras. Y nuevas sanciones de la OFAC contra personas políticamente expuestas (PEP por sus siglas en inglés) pueden impulsar a otras PEP, aún no sancionadas, a intentar proteger sus activos, algunos de los cuales podrían proceder de la corrupción”.

Considerando la importancia de este texto transcribo para ustedes fragmentos del artículo:

Dado el asesoramiento de FinCEN, las instituciones financieras que tienen cuentas con titulares venezolanos o que realizan negocios con instituciones financieras venezolanas -directa o indirectamente- pueden ver un escrutinio regulatorio adicional en torno a esas cuentas, especialmente en relación a la debida diligencia, el monitoreo de transacciones procesadas a través de dichas cuentas y el informe de actividad sospechosa.

Las entidades que  mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas deben considerar enfocar sus esfuerzos en la debida diligencia adicional de los clientes de sus clientes, así como en los flujos de fondos procesados. Éstas pueden realizar una debida diligencia adicional si las transacciones involucran a compañías fantasma o ficticias extranjeras o de EE. UU., el modus operandi preferido a través del cual las PEP crean una capa entre ellas y los activos que están a nombre de la empresa fantasma.

Las instituciones financieras con cuentas vinculadas a Venezuela deben considerar revisar los esfuerzos que realizan e incrementar la calificación de riesgo de esas cuentas. También deben considerar escenarios adicionales de detección de monitoreo de transacciones, centrándose en la detección de pagos que podrían ser el resultado de la corrupción y las señales de alerta indicadas en la advertencia de FinCEN, cuanto que reevalúen sus esfuerzos de cumplimiento con respecto a las cuentas vinculadas a Venezuela. Además, deberían considerar ampliar sus evaluaciones de cuentas con una visión para descubrir un posible vínculo venezolano con cuentas vinculadas a Panamá, Ecuador y Colombia, jurisdicciones que son conocidas por el uso de aquellas con ganancias ilícitas venezolanas.

Con información de Venepress.

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