Donald Trump anunció este viernes sanciones financieras contra Venezuela, entre ellas la prohibición de transar bonos soberanos y de la compañía petrolera estatal PDVSA, según un comunicado de la Casa Blanca.
Sin embargo, dicha administración evitó de nuevo apuntar a la importación de petróleo, el núcleo de la economía venezolana.
La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una «persona de Estados Unidos», término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
El Gobierno Trump calificó la medida como una «presión» ante la «corrupción pública rampante» y la «represión y persecución, y violencia, contra la oposición política».
Lo que busca además Estados Unidos con estas sanciones es «proteger» su sistema financiero de «complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano», indicó la Casa Blanca en una nota.
La medida prohíbe las negociaciones de nueva deuda de PDVSA con un vencimiento mayor a 90 días y la deuda nueva del Gobierno de Venezuela con un vencimiento mayor a 30 días, o nuevo capital, reseñó Globovisión.
Asimismo, prohíbe las negociaciones de bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela antes de la emisión de la orden ejecutiva y de «pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad poseída o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela» en EEUU.
El Tesoro precisa que, a efectos de esta medida, el «Gobierno de Venezuela» se refiere también a cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA y cualquier persona que actúe en su nombre.
La Casa Blanca, en su nota, explica que se buscará «mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano» con la emisión de «licencias generales que permiten transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva».
