Caracas.- La oposición venezolana decidió participar en unas elecciones de gobernadores, con un árbitro al que acusa de articular un fraude a favor de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que motivó nuevas sanciones de Estados Unidos.
«Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales», señaló este miércoles en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes han sido inhabilitados para postularse.
La alianza explicó que su decisión busca presionar a Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre. Si no lo hacen, «que paguen el costo», dijo el dirigente Andrés Velásquez, en rueda de prensa, reseñó AFP.
El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y las asambleas regionales vence este miércoles.
El anuncio coincidió con las sanciones del Departamento del Tesoro, este miércoles, a Adán Chávez, el hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez y a otros siete políticos por su vinculación con la Asamblea Constituyente, que rige desde el viernes con poderes absolutos y enfrenta un amplio rechazo internacional.
La medida implica el congelamiento de los bienes que tengan en Estados Unidos, y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.
Washington ya había sancionado al propio Maduro y a 13 funcionarios y excolaboradores del mandatario acusados de quebrar la democracia, corrupción y violación de derechos humanos.
La lista se amplió luego de que doce gobiernos de América condenaron el martes en Lima a Maduro por una «ruptura» de la democracia y desconocieron la Constituyente, también rechazada por la Unión Europea.
Ya el sábado pasado el Mercosur suspendió políticamente a Venezuela con el mismo argumento.
Frente a la creciente presión internacional, Maduro propuso una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para «restituir el diálogo» regional y el «respeto a Venezuela».
– «Forma de lucha» –
No fue una decisión fácil para la MUD, que reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias, los cuales se agruparon en 2008 para enfrentar electoralmente al chavismo -en el poder desde 1999- con una tarjeta única.
Varios de sus dirigentes fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, incluido Henrique Capriles, actual gobernador del estado Miranda, al que pertenece parte de Caracas.
Además, dos alcaldes fueron condenados por la corte suprema a 15 meses de prisión por no impedir el bloqueo de vías en los cuatro meses de manifestaciones opositoras que dejan unos 125 muertos.
La elección «es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura», se justificó la MUD, advirtiendo que las protestas para exigir elecciones generales continuarán.
Los comicios regionales debieron celebrarse a fines de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) los pospuso sin explicación.
Acusado de servir al gobierno, el CNE también suspendió en 2016 el trámite para un referendo revocatorio del mandato de Maduro, por orden de tribunales.
Igualmente, hace dos días anunció que la MUD no podrá inscribir candidatos con su tarjeta en siete estados, incluidos Zulia -mayor centro electoral del país-, Aragua y Carabobo.
Velásquez aseguró que en esos estados, los partidos de la MUD apoyarán un único candidato.
– Dilemas –
Analistas como Benigno Alarcón consideran que el gobierno no está en capacidad de ganar una elección por su responsabilidad en la grave crisis económica, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que según el FMI treparía a 720% este año.
Maduro enfrenta el rechazo de 80% de los venezolanos, según encuestas, que indican que la MUD podría ganar hasta 18 gobernaciones. Sería un nuevo golpe al chavismo, que encajó en 2015 su más estruendosa derrota en las legislativas.
Debido a ello -según Alarcón- Maduro apostó por la Constituyente como un «salvavidas», no para reescribir la Carta Magna sino evitar elecciones y gobernar sin contrapesos como el Parlamento, ya de hecho maniatado por la suprema corte.
Dirigentes opositores no descartan que al final la Constituyente, al ser un «suprapoder», cancele las regionales, aunque Maduro lo niega.
La oposición también encara el riesgo de perder apoyo popular al «conformarse» con unas regionales cuando las protestas exigían anticipar las presidenciales, previstas para fines de 2018.
Ya asumió un costo en 2016: cuando las manifestaciones contra Maduro habían alcanzando un nuevo pico, se embarcó en un fallido diálogo que mermó su popularidad.
No obstante, hoy asegura que Maduro está acorralado por las protestas y la presión internacional, y que cada vez está más cerca su objetivo de «poner fin a esta dictadura».
