Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no solo congelan los bienes y cuentas de los jueces en territorio norteamericanos, sino que tiene incidencia en otros países.
Especialistas en la materia señalan que estas sanciones están basadas en la orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama en 2015, la sanción se hace extensiva a cuentas bancarias en dólares que estén domiciliadas en otros países, así como la transferencia de fondos, además de prohibir a todo ciudadano o empresa a mantener relaciones comerciales con los sancionados.
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Del mismo modo, se prohíbe el ingreso de los sancionados a EEUU, por lo que revoca las visas vigentes hasta ahora. Solo podrán ingresar si van en funciones diplomáticas a la sede de la ONU en Nueva York.
Por otra parte, los analistas afirman que el comunicado del Departamento del Tesoro señala que son varias las razones que llevaron a tomar la medida, entre ellas la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional. Señala sentencias específicas emanadas de la Sala Constitucional del máximo tribunal que han permitido, entre otras cosas:
- Haber nombrado rectores del Consejo Nacional Electoral sin la aprobación de la AN
- La reiterada extensión del estado de excepción y emergencia económica decretado en enero de 2016
- Las ratificadas declaraciones de nulidad de las decisiones parlamentarias
- Facultar al Ejecutivo para no presentar el presupuesto de la nación ante el Parlamento
- Despojar al Poder Legislativo de sus facultades y asumir sus competencias
Eliminar la inmunidad a los miembros del parlamen0to
Taxativamente, el comunicado señala que estas últimas sentencias han provocado la ola de protestas que ha llevado a miles de venezolanos a protestar contra el rompimiento del hilo constitucional, por lo que serían corresponsables de la violencia con la cual han sido reprimidas las manifestaciones y que ha provocado la muerte al menos 45 personas, más de 700 heridos de consideración y cerca de 2.000 detenciones arbitrarias.
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