El Nuevo Herald: Constituyente de Maduro impondría sistemas de controles sobre la sociedad y economía

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Caracas – A continuación un trabajo especial de El Nuevo Herald, que aborda a través de especialistas las consecuencias económicas y sociales que sufrirían los venezolanos ante la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente Nicolás Maduro.

Constituyente de Maduro le daría la estocada final a la propiedad privada:

La Asamblea Constituyente propuesta por el gobernante Nicolás Maduro es la jugada más radical adelantada hasta ahora por el chavismo y terminaría por instaurar un régimen castrista en Venezuela, que pondría fin a los derechos civiles y a la propiedad privada, dijeron analistas.

Expertos calificaron la propuesta de Maduro como el último empujón de Venezuela hacia “una dictadura del proletariado”, en un proceso para refundar la República emprendido bajo un estado de conmoción nacional en el que manifestantes pacíficos son encausados por terrorismo en tribunales militares.

“Eso en sí mismo es una contradicción”, dijo desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Inter American Trends. “¿En un estado de conmoción, pides una constituyente? ¿Cómo va a ir el pueblo a participar en un proceso para formular una nueva Constitución cuando se encuentra amenazado con bayonetas?”

Dados los altos niveles de impopularidad que enfrenta, en realidad Maduro no está interesado en redactar una nueva Constitución para que se amolde al actual sentir de los venezolanos, sino imponer un nuevo documento que declare la nación socialista para eliminar los conceptos democráticos incluidos en la Constitución vigente, dijeron los consultados.

Al final, el proceso dejaría a Venezuela con un marco legal idéntico al de Cuba, con sus sistemas de controles sobre la sociedad y la economía, que dejaría muy poco espacio para la propiedad privada, advirtieron.

Al anunciar su propuesta, Maduro dejó entrever que los nuevos integrantes de la Asamblea Constituyente serán escogidos a dedo, en vez de electos por el voto popular, como establece la Constitución vigente.

Las intenciones de Maduro fueron reveladas por la Iglesia católica venezolana a los dos días de anunciarse la propuesta.

Los temas presentados por el Presidente de la República para apoyar su propuesta no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder”, declaró la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.

“La propuesta […] resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental es ‘constitucionalizar el Estado Comunal’», agregó.

La iniciativa impondría a espaldas de la sociedad venezolana la fracasada reforma constitucional del 2007, que fue rechazada en un Referendo Consultivo ese mismo año, e instauraría formalmente en el país un “sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor”, dijeron los obispos.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es fortalecer la posición interna de Maduro, en momentos en que la perdida del control de la Asamblea Nacional y su alta impopularidad está imposibilitando la capacidad del régimen obtener nuevos préstamos.

La jugada de Maduro busca dejar de lado completamente a la Asamblea Nacional y a la Fiscal General de la República, Ortega Díaz, quien se rehúsa a presentar cargos contra los manifestantes arrestados en las protestas”, y también busca desalentar que otros actores importantes del chavismo abandonen la revolución, dijo Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Country Risk.

Esto es crucial dado que en la medida que la economía se deteriora y la escasez de alimentos y de productos básicos se intensifica, las protestas probablemente aumentarán y se intensificaran, amenazando aún más la estabilidad del gobierno, resaltó Moya-Ocampos en un informe.

El principal riesgo de la Asamblea Constituyente es que pretende introducir un sistema de un solo partido como en Cuba —al igual que era el caso de los países del antiguo bloque soviético—, lo que prohibiría a los partidos políticos o les concedería solo un papel muy limitado, advirtió Moya-Ocampos.

“La propuesta de reescribir la Constitución en esos términos es el paso más radical que el gobierno ha propuesto en los últimos 18 años de chavismo y podría incluir la eliminación de elecciones directas, libres y universales para presidentes y legisladores”, agregó Moya-Ocampos.

Leonardo Palacios, profesor de la Universidad Monteávila y de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la nueva constitución probablemente se formulará para que se apegue al paquete de leyes socialistas redactadas en Cuba y que establecen el estado comunal.

Muchas de esas leyes aprobadas por la anterior Asamblea Nacional son copias fieles de la legislación cubana, pero entraban en conflicto con los conceptos democráticos establecidos en la Constitución en vigor.

Es fácil pronosticar, dijo Palacios, que a través de la nueva constitución se establezca la República Popular Bolivariana de Venezuela y que el artículo segundo declare que se constituye como “un estado democrático socialista, comunal y de justicia”.

Parecen simples, pero esos cambios tendrían un profundo impacto en el país, advirtió.

“Con esa simple mención, barre de un solo golpe lo que ha sido la historia constitucional y la aplicación en Venezuela del sistema democrático occidental. Iremos así a un régimen único, iremos a un régimen de descentralización”, explicó el experto constitucionalista.

Llevaría al fin de la propiedad privada en Venezuela. Se iniciaría el camino de desconocimiento más profundizado de la propiedad privada”, enfatizó.

Los primeros pasos para ese fin sería la instauración del sistema tributario socialista, propuesta que impondría altísimas tasas a la tenencia de bienes y que obedece a las teorías iniciales del marxismo.

“Si lees el Manifiesto Comunista de 1847, decía que había que establecer impuestos elevados a las asociaciones, de manera que no existieran fuentes algunas de propiedad a través de la herencia, y se establecen impuestos altísimos sobre la renta. Se penaliza la propiedad, se establecen impuestos a la propiedad”, señaló Palacios.

De ahí es que el Estado pasa a los mecanismos de intervención y de control, dijo el profesor, quien lleva años estudiando la legislación del sistema comunal aprobado por el chavismo.

“Si no cumples con la intervención, te quito la empresa y pasa bajo el esquema de las empresas de producción social previstas en la Ley del Sistema Económico Comunal, y si no puedes pagar los altos impuestos a la propiedad, los activos pasan a manos del Estado”, agregó.

Esos impuestos a la propiedad, que en primera instancia sería impuesto sobre las herencias, serían sumamente altos, de más de 70 por ciento, para que los bienes de los fallecidos terminen en manos del gobierno.

Ese esquema está diseñado para que los herederos simplemente abandonen la propiedad al no poder pagar la tasa, ya que incluso no podrían venderla para al menos quedarse ellos con el restante 30 por ciento, explicó.