Denuncian asistencia obligatoria de empleados públicos a ejercicio militar y memoria y cuenta

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En Inparques cuestionan pérdida de tiempo productivo por actos oficialistas

Marlene Sifontes, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), confirmó que el Ejecutivo nacional presiona a los trabajadores para que asistan a actos oficiales, como el pasado domingo a la presentación de la Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «El Gobierno se ha caracterizado por presionar a los empleados públicos, sobre todo a los no contratados», manifestó.

En un foro de Unión Radio, Sifontes precisó que a principios de año en la administración pública fueron despedidos al menos 300 mil trabajadores contratados y que no se les renueva el contrato. «Los tienen pendientes de un hilo, no solamente los convocaron para el TSJ, sino para el Ejercicio Zamora 200″, dijo.

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“Presionaron a empleados, específicamente en el Instituto Nacional de Parques. Desde el jueves pasaban listas preguntando quiénes se anotaban para las actividades. Este personal, que no tiene estabilidad, va contra su voluntad, cuidando su arepa», lamentó.

Sifontes precisó que el personal de trayectoria se ha mostrado renuente a ir a esas actividades y que, por eso,»no hay incentivos, no se les da ascensos y se les pone a jugar banco pese a que es personal capacitado, con estudios que les ha costado al Estado venezolano», dijo.

Por su parte, el miembro de la coordinación nacional del Fadess y secretario general del Sindicato de Inparques (Sunep-Inparques), José Matute, considera que obligar a los empleados públicos asistir a actos oficiales resta seriedad y respeto a las mismas instituciones. «Parece que no hubiera nada que hacer en las oficinas y no responden a ninguna planificación», cuestionó.

Explicó que esto genera consecuencias muy graves para el país, como la falta de atención  a los problemas sociales y públicos a los que deberían estar dedicados los entes gubernamentales. «Se meten con obreros, empleados, técnicos y directores con la consecuencia de que quedan registrados en listas y se les hace difícil conseguir trabajo en otras instituciones», dijo.

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