Al iniciarse este miércoles el proceso de inscripción de candidatos, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará. En cambio, advirtió que escalará sus protestas contra Maduro -que dejan 60 muertos en dos meses- para frenar la iniciativa, reseñó AFP.
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«Cualquier participación (…) es un acto de complicidad» con «un fraude», señaló la MUD.
Maduro define la Constituyente como un «poder supremo», que podrá tomar decisiones «por encima de la ley».
¿Qué se gana con el proceso?
Cambiar la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) podría abrir nuevas grietas en el oficialismo, según analistas. Advierten además sobre los costos que debería asumir el gobierno si eleva la «represión» ante un recrudecimiento de las protestas.
La fiscal general, Luisa Ortega, de línea chavista, señaló que la Constituyente agravará la crisis, según una carta filtrada a la prensa.
Otros oficialistas como el exministro de Interior Miguel Rodríguez o la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez critican que la convocatoria no sea sometida a referendo.
Para el analista Héctor Briceño ve «señales claras» de que esas divisiones continuarán «profundizándose hasta llegar a un quiebre».
Y si ante la presión en las calles los militares «concluyen que la represión es demasiado costosa y que habría que seguir un camino constitucional», la exigencia opositora de elecciones generales podría concretarse, sostiene Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano de Washington.
La Fuerza Armada es el principal sostén de Maduro, que le ha otorgado amplio poder político y económico. La gestión del mandatario es rechazada por siete de cada diez venezolanos, de acuerdo con encuestas.
La protesta queda así como «único mecanismo», pues «en cualquiera de los escenarios la Constituyente va a estar controlada por el gobierno», ante un sistema de repartición de escaños que da más peso al voto chavista, declara a la AFP el jurista José Ignacio Hernández.
En los más recientes comicios, la oposición puso fin a la hegemonía oficialista en el Parlamento con una victoria aplastante.
«¿Qué pasa en un país con una crisis política, una crisis social y una crisis económica que no encuentran cauces de salida? (…). Es una sociedad a punto de explotar», indica.
Briceño apunta, en tanto, que el rechazo a la Constituyente seguirá cohesionando a la oposición, con un largo historial de divisiones internas. De hecho, el discurso de sus dirigentes ya se ha venido unificando en medio de las protestas contra Maduro, añade.
¿Qué se puede perder?
El politólogo Luis Salamanca piensa que al marginarse de la Constituyente, la oposición le deja el camino libre al chavismo para que cambie la Constitución a su antojo.
«Dejarle este poder enorme a esta gente para que haga lo que le dé la gana puede ser un error histórico, peor que el se cometió en 2005», advierte Salamanca a la AFP.
En esa oportunidad, alegando que no había condiciones para una «elección limpia» en las legislativas, los adversarios de Chávez se negaron a presentar candidatos.
El oficialismo sacó entonces adelante leyes con las que afianzó su poderío institucional al nombrar, sin contrapeso, miembros de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, clave en el actual conflicto con el Parlamento, único poder que controla la oposición.
Salamanca cree que «se está subvalorando la capacidad de la oposición para ganar» las elecciones de la Constituyente y «se están sobrevalorando las manipulaciones de Maduro».
«Si la oposición lo hubiese pensado mejor y se metiera como un Caballo de Troya, se podría dar la gran sorpresa», insiste.
La oposición tiene ante sí el fantasma de un diálogo con el gobierno a fines del año pasado.
Se embarcó en ello justo después de la más gigantesca marcha contra el chavismo en años y de que medidas judiciales cerraran el paso a un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
La negociación fracasó entre acusaciones mutuas de incumplimiento, y le significó a la MUD la pérdida de apoyo popular, según encuestas.
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