Los investigadores estadounidenses Josh Birenbaum y Susan Soh afirmaron este miércoles en una columna de opinión publicada por el diario New York Post que la administración de Washington debe detener de inmediato la importación y comercialización de oro ilícito proveniente de Venezuela, al denunciar que este sector energético se encuentra controlado por agrupaciones criminales y redes terroristas que explotan a menores de edad y vulneran la seguridad nacional de los Estados Unidos.
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En el texto difundido por el medio neoyorquino, los especialistas adscritos al Centro sobre Poder Económico y Financiero de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) argumentaron que las flexibilizaciones de sanciones otorgadas por el Departamento del Tesoro a principios de año están facilitando que corporaciones norteamericanas financien indirectamente a organizaciones como el Tren de Aragua o Hezbolá. Los autores advirtieron que la minería informal en el sur de Venezuela se ha convertido en una actividad económica que genera entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales, superando las ganancias del tráfico de drogas en la región debido a que la cotización internacional del metal precioso alcanzó un récord histórico de 5.400 dólares por onza en enero pasado.
Un mercado transnacional que financia el caos fronterizo
Los representantes de la FDD explicaron que el contrabando del metal precioso ha reconfigurado las finanzas de las mafias latinoamericanas. Actualmente, organizaciones delictivas establecidas en Colombia y Perú perciben mayores dividendos por la venta de oro ilegal que por la exportación tradicional de cocaína.
El impacto de este fenómeno abarca una red de complicidades globales y graves daños al ecosistema:
- Logística de precursores químicos: El cartel mexicano Jalisco Nueva Generación obtiene beneficios millonarios mediante la provisión de mercurio, arsénico y cianuro a las minas sudamericanas, utilizando esos fondos para sostener sus operaciones delictivas en la frontera con EE. UU.
- Evasión de sanciones de aliados: Cientos de millones de dólares en barras de oro de procedencia venezolana se despachan anualmente hacia Turquía, sirviendo como una herramienta para el lavado de dinero y la evasión de restricciones financieras por parte de los gobiernos de Rusia e Irán.
- Infiltración comercial: Los autores alertan que el mineral extraído de forma fraudulenta ha logrado incorporarse incluso en las emisiones de monedas de la propia Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint).
Continuidad regulatoria y redes institucionales en el campo
Birenbaum y Soh señalaron en su análisis que el esquema de opacidad del sector minero fue estructurado originalmente bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien decretó la apertura de una zona equivalente a la superficie de Portugal para el control de los carteles. No obstante, los analistas sostienen que el actual ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene las mismas redes de complicidad y aprobó en abril una reforma legal dirigida a incrementar el secreto en los contratos mineros.
La publicación denuncia la permanencia de figuras de la gestión anterior dentro del aparato de contrainteligencia militar, mencionando el caso de un coronel vinculado a la minería ilegal que ha logrado canalizar capitales hacia el estado de Florida para adquirir empresas comerciales mediante corporaciones de maletín. Los investigadores recordaron que estos recursos minerales ya fueron empleados en 2020 para la compra de bienes a Irán y para el pago de presuntos sobornos a representantes políticos en Europa.
Exigencia de inspección directa sobre el terreno
Ante lo que califican como una amenaza directa a la integridad del sistema financiero internacional, los miembros de la FDD propusieron que el Congreso estadounidense obligue a designar a un inspector general independiente sobre el terreno. Esta figura institucional tendría la responsabilidad de auditar de forma sistemática el origen de las transacciones y verificar que los fondos estadounidenses no terminen en manos de estructuras terroristas.
Para concluir, los autores citaron los lineamientos recientes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, acerca de mantener una política de tolerancia cero frente al financiamiento de células extremistas, insistiendo en que Washington debe condicionar cualquier beneficio económico a la aplicación de auditorías transparentes y al desmantelamiento de los campamentos mineros irregulares en el sur de la República.
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