«No quedó nada, desapareció, se borró». Así describe la argentina Jacqueline Pakota cómo quedó el ala del edificio parcialmente colapsado en la ciudad de Surfside, donde ella tenía dos apartamentos y donde al menos una persona ha muerto y un número indeterminado de residentes sigue desaparecido.
Y no es para menos. Ya no queda casi nada del cuadrante noreste de este edificio de primera línea de playa de Surfside, una pequeña ciudad vecina de Miami Beach.
Desde el exterior se aprecian los restos de lo que parecían ser una sala de estar y dos filas de habitaciones, de las que apenas quedan unos pocos cabeceros de camas, una litera de niños y una cobija que quedó colgando como una triste bandera.
Los aparatos del aire acondicionado cuelgan de sus propios cables de electricidad sobre un amasijo de hierros y toneladas de cemento que cayeron de este edificio construido 40 años atrás.
«Es como si esa ala (del edificio) no hubiera existido nunca», dice a los medios Pakota, angustiada porque unos amigos suyos, un matrimonio argentino y su hija, de 6 años, se habían trasladado la pasada noche a uno de sus apartamentos, que quedó «totalmente» destruido.
Era el 803, al que se habían ido pocas horas antes. Y como el suyo otros muchos de este edificio de 12 plantas, y que tenía apartamentos desde uno a cuatro dormitorios.
«Estoy esperando un milagro», dijo la mujer, visiblemente afectada y cansada tras buscar a sus amigos durante toda la noche en los hospitales y el centro a donde llevaron a los supervivientes de este colapso y un hotel cercano que también fue evacuado ante el temor de que se derrumbase todo el edificio y pudiese afectarles.
«Nadie sabe nada» de sus amigos, un cirujano plástico y un productor de teatro y su hija de 6 años. Ella llama a sus teléfonos y uno de ellos «suena mil veces», pero nadie atiende: «Ruego a Dios para que estén vivas las personas que están rescatando, las personas atrapadas en el edificio».
Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach. Hundreds of first responders are on the scene right now. Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4
El alcalde de Surfside, Charles Burkett, explicó en una conferencia de prensa que perros entrenados trabajaron durante la noche para rescatar a personas atrapadas y que al menos diez personas fueron atendidas por personal médico en el lugar y algunos fueron trasladados a hospitales cercanos.
EFE
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El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) Humberto Figuera, cuestionó que a un año y medio de las restricciones y suspensión de las actividades por la pandemia, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) todavía no permita las operaciones a nivel nacional, “ la situación es la misma”.
Aseveró que los aeropuertos y aerolíneas han cumplido con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, pero son pocos los aeropuertos autorizados para operar.
“Eso nos llama a nosotros a preguntarnos qué pasa con el resto de los aeropuertos como El Vigía, Maturín, Puerto Ordaz o Barcelona”.
Indicó que las únicas rutas activas son Porlamar, Canaima y Los Roques autorizadas desde Maiquetía, Valencia y Maracaibo durante las semanas flexibles.
En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, Figuera insistió en políticas que permitan la reactivación de los aeropuertos nacionales para avanzar y minimizar el impacto en el sector y en los viajeros que requieren movilizarse.
Agregó que el esquema «7más7» no es viable para la actividad.
“Hacemos un llamado al Inac a que nos explique, nos aclare a todos los que nos movemos en la aviación, qué es lo que está pasando y por qué no se terminan de abrir todos los aeropuertos nacionales después de una año donde se supone que todos tienen su tarea de bioseguridad hecha”, acotó.
Figuera reiteró que manejarse en el transporte aéreo es seguro tanto para viajeros como para el personal operativo.
Texto e imagen tomados de Unión Radio.
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La administración de Nicolás Maduro comenzó a depositar una bonificación en bolívares para los inscritos en la plataforma digital Patria.
El bono bicentenario de Carabobo, a propósito de la gesta independentista, tiene un valor de Bs. 7.160.000 -alrededor de 2 dólares en el mercado paralelo.
El chavismo ha intentado atenuar la crisis económica (2013-2021) desde el año 2016 con estos bonos; sin embargo, en comprar dos kilos de harina (en Bs. 3.500.000 c/u) o un cartón de huevos (Bs. 12.500.000) se gastaría el más reciente subsidio.
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El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), reiteró este jueves 24 de junio la necesidad de un plan de vacunación contra la COVID-19″ sin discriminación” en el país.
“Todos los venezolanos tienen derecho a ser vacunados y a que se les proteja su salud. Las autoridades deben ayudar, no discriminar”, expresó la ONG.
En este sentido, Provea señaló que “en Venezuela no existe un plan de vacunación serio para las necesidades de la población”.
Por otra parte, denuncio que la aglomeración en los centros de vacunación “genera contagios y descontrol”.
“La improvisación y la politización de la escasa vacunación genera aglomeraciones, contagios y descontrol. Se necesita una vacunación masiva, sin discriminación”, concluyó la ONG.
Texto e imagen tomados de Unión Radio.
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Jazmín Zerpa León no ha salido del asombro y de la incertidumbre que representa el haber tenido que salir de su país para convertirse en refugiada debido a la severa crisis que atraviesa su Venezuela natal.
Zerpa llegó a Colombia el 18 de abril del 2018, proveniente del estado de Mérida. El hecho de que su hija no tuvo el tratamiento médico adecuado, entre ellos la vacunación, la llevaron a dar el crucial paso en su vida.
“Allí no me la quisieron vacunar (…) Ella presentaba palidez y como un síntoma hepático para ellos”, explicó en entrevista reciente con la Voz de América.
Pese a sus esfuerzos, el 13 de diciembre del 2018 la pequeña falleció.
“Una de las opciones que me dieron en el hospital fue que pidiera asesoría a la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Ahí me asesoraron, me dijeron que podía ir a Migración (Colombia) a solicitar el salvoconducto. En Bogotá, hice los trámites del pasaporte y la visa y luego sí fue entregada la cédula de extranjería el 17 de marzo”, cuenta la venezolana.
Dice que nunca imaginó que sería “refugiada en otro país”. “Tampoco pensé que Venezuela llegara a pasar por todo esto”, recalca.
Ahora sueña con estudiar. Mientras tanto, apoya a la Fundación de Niños y Niñas con cáncer Soñar, el grupo que la apoyó mientras su hija permanecía hospitalizada.
De gerente de banco a auxiliar de enfermería
Érika Pérez nació en San Cristóbal, en el estado de Táchira. Decidió salir de Venezuela hacia Colombia porque cuenta que era perseguida política en su ciudad natal.
“Ya mi vida y la de mis hijos no estaban en salvaguardas, sino que ya me sentía en peligro y decido emigrar a Colombia porque mi madre es la primera que sale de mi país y se radica acá en Colombia, específicamente en Pamplona, Norte de Santander”, cuenta Érika.
Según recuerda, agarró sus maletas, llamó a su madre para avisarle y dejó atrás la “zozobra” que vivía diariamente.
Aunque es licenciada en Ciencias Gerenciales con una maestría en Gerencia y tras dejar la gerencia de algunos bancos, se siente feliz desempeñando actualmente sus estudios en técnica auxiliar en enfermería.
“Amo a mis pacientes. Amo pararme cada día a venir a mi turno o ir al turno de noche, a vigilar a mis pacientes darles confort”, dice la venezolana.
Explica además que se siente muy tranquila de lograr el estatus migratorio de refugiada.
“Uno de los estatus migratorios más anhelados por cualquier migrante, ha sido lo mejor que me ha pasado, porque mis hijos se pueden graduar de la universidad y pueden ejercer sus carreras tranquilos. En mi caso, es poder ejercer la carrera que es lo que más me gusta, que es lo que más me apasiona, que es cuidar de mis pacientes”, explicó Érika a la VOA.
Asegura que su situación le ha mejorado la vida, pues se siente más humana y, aunque ama su país, confiesa que no regresará a Venezuela.
“Ya hice mis cimientos, ya hice mis paredes, ya hice mis muros. Y no, no me veo regresando más que como visitante”, explica Érika.
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El economista Giorgio Cunto aseguró que la administración de Nicolás Maduro ha asumido el riesgo político de eliminar el subsidio de la gasolina, en 2020, y lo volvería a hacer.
«Al igual que otros subsidios engranados en la (larga) tradición de despilfarro fiscal en Venezuela, se sobrestima los costos políticos de retirarlos en un entorno donde la opinión pública sobre ajustes impopulares es inconsecuente para influenciar decisiones del Ejecutivo», opinó el también investigador de Ecoanalítica, Giorgio Cunto.
Venezuela atraviesa una crisis de combustible; las E/S esperan por más de un mes que llegue gasolina iraní para abastecerse y una de las opciones a considerar para salir de esta coyuntura pasa por sincerar los precios de los servicios públicos.
Al respecto, Giorgio Cunto consideró que «hoy en día la economía política de remover subsidios pasa menos por si son impopulares con la población general (usualmente lo son), y más por el balanceo entre presión fiscal vs. intereses de grupos que aprovechan oportunidades de arbitraje de mantenerse dichas distorsiones».
La evidencia dice que sí, ya lo hizo el año pasado vendiendo parte de gasolina a precios internacionales. Pese al tabú alrededor de "ocasionar otro Caracazo", el costo político en el último año ha sido mínimo. 1/3 https://t.co/f7sDfvm9iW
— Giorgio Cunto Morales (@giorgiocmorales) June 24, 2021
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Un grupo de españoles condujo por una carretera privada en la seca meseta al oeste de Madrid. Los cuatro empresarios, hambrientos de dinero en efectivo para su prometedora empresa emergente, se dirigían a conocer a un adinerado joven venezolano, propietario del castillo ubicado en la cima de la colina.
Por Angus Berwick | Reuters
El encuentro, según tres personas familiarizadas con ese día de julio de 2016, arrojó una inversión de 50 millones de euros que transformaría a Hawkers, un pequeño minorista online de gafas de sol, en una marca internacional.
También ayudaría a su anfitrión, Alejandro Betancourt, de 36 años en ese momento, a destinar las ganancias de acuerdos anteriores en Venezuela en consorcios que lo han convertido en un célebre inversionista de empresas emergentes en España.
Ese capítulo anterior en la carrera de Betancourt ha sido objeto de escrutinio.
Las autoridades estadounidenses y europeas han investigado transacciones relacionadas con unos 2.000 millones de dólares en contratos de centrales eléctricas estatales que su compañía ganó en Venezuela, proyectos que expertos en energía y políticos contrarios al chavismo dicen que fueron sobrevalorados y no se cumplieron. La existencia de esas investigaciones ha sido informada previamente por Reuters y otros medios.
Pero los registros bancarios, judiciales y corporativos previamente no revelados relacionados con las investigaciones brindan una nueva perspectiva sobre cómo Betancourt usó la riqueza que ganó en su país de origen para rehacerse en el extranjero, incluso cuando los supuestos beneficiarios de esos proyectos de energía soportan frecuentes y prolongados apagones.
Antes de que la economía de Venezuela se derrumbara en la última década, los negociadores bien conectados ganaban miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y movían el dinero al exterior. La migración de ese capital ha agravado los problemas económicos del país, dicen los políticos contrarios al chavismo, al tiempo que ha permitido que adinerados emigrantes vivan de forma opulenta.
Betancourt, dicen los líderes de la oposición, es un buen ejemplo.
Después de ganar los proyectos de centrales eléctricas, según muestran los documentos revisados por Reuters, Betancourt comenzó a realizar depósitos bancarios, invertir en empresas y comprar propiedades en al menos 10 países de Europa y América. Ha invertido más de 300 millones de dólares en el extranjero durante la última década, en empresas como Hawkers y en viviendas en París, Nueva York, Florida y España.
El interior de una tienda de gafas de sol Hawkers, una empresa propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, se ve en Covent Garden en Londres, Gran Bretaña. REUTERS / Peter Nicholls
En Nueva York, los fiscales federales han estado examinando si la compañía de Betancourt, Derwick Associates Corp, lavó fondos o pagó sobornos relacionados con las concesiones de energía, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con esa investigación.
En Florida, en una investigación federal separada, según dos personas familiarizadas con ese caso, Betancourt es un “objetivo” de un caso que involucra a un exadministrador de patrimonio privado que se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero. El caso involucra un plan para blanquear más de 1.000 millones de dólares por parte de exfuncionarios de energía y asociados de Venezuela, incluido un colega de Betancourt y codirector de su empresa que fue acusado por fiscales federales.
En Andorra, una investigación sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios venezolanos, a través de bancos en el principado europeo, también revisó las actividades de Betancourt, según muestran los documentos de esa investigación. En una acusación formal formulada en 2018 a 28 personas, incluido un excontratista de Betancourt, los fiscales calificaron los pagos de ese contratista a un funcionario del régimen chavista como “sobornos”. Entre los imputados, algunos funcionarios bancarios andorranos están ahora procesados; otros sospechosos, incluido el contratista de Betancourt y el ex funcionario al que presuntamente pagó, están a la espera de juicio, aunque todavía no hay una fecha.
Betancourt no fue procesado en Andorra. No ha sido acusado en ninguno de los dos casos estadounidenses. Es posible que no surjan acusaciones después de esas investigaciones. Betancourt se negó a ser entrevistado para este artículo.
En una carta a Reuters, su abogado, Thomas Clare, describió como “categóricamente falsa” cualquier sugerencia de que Betancourt o su empresa “participaran en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otro comportamiento ilegal”. Clare negó que Derwick no completara los proyectos de energía, diciendo que la compañía “completó todos los contratos a satisfacción del régimen chavista” y que cualquier problema desde entonces fue el resultado de la mala administración de varias agencias estatales que operan las plantas. En cuanto al papel de Betancourt en la financiación de Hawkers, dijo, “la inversión de mi cliente en Hawkers es legítima”, “impulsada por oportunidades comerciales”.
Portavoces de Play Hawkers SL, como se conoce oficialmente a la empresa, y su fundador, Álex Moreno, declinaron comentar sobre su relación con Betancourt.
En Venezuela, dijo Betancourt al periódico español ABC, sus proyectos de energía crearon un “anillo de blindaje eléctrico” para fortalecer el suministro de energía en su país de origen. Muchos expertos venezolanos en energía dicen que los acuerdos dejaron a millones en la oscuridad. Los apagones crónicos oscurecen las regiones donde se suponía que debían operar las 12 plantas de Derwick. Su producción total ahora se está ejecutando en aproximadamente el 10% de los niveles proyectados, según muestran los datos del régimen chavista.
Cerca de Caujarito, una población de casas de bloques de cemento al sur de Caracas, la capital de Venezuela, se encuentran dos plantas de energía adjudicadas a Derwick en 2009. Conocida como “La Raisa”, se suponía que el complejo suministraría electricidad a más de 200.000 familias, según el sitio web de Derwick.
Los residentes cercanos, destinados a recibir esa energía, dicen que los apagones aún regularmente duran días. Los datos del régimen chavista revisados por Reuters muestran que las turbinas de las plantas comenzaron a detenerse en septiembre de 2011 y que ninguna de las dos está operativa. Clare, abogado de Betancourt, dijo que las turbinas fallaron porque la compañía eléctrica estatal usó combustible inadecuado.
Las bombas del vecindario fallan, lo que obliga a los lugareños a traer agua de otros lugares. Anel Lugo, médico del centro de salud público de Caujarito, dijo que envía a los pacientes que necesitan atención urgente a otro lugar. Lorenzo Reyes, un vendedor ambulante de 59 años, dijo que fue contratado para ayudar a construir una de las plantas, pero la construcción fue esporádica.
Se ven letreros en el cerco de la central termoeléctrica Guarenas de la eléctrica estatal Corpoelec y Derwick Associates Corp, en Venezuela. REUTERS / Leonardo Fernández Viloria
En 2016, una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela investigó los cortes de electricidad. Entre otros hallazgos, su informe en 2017 determinó que Derwick sobre facturó al régimen chavista en un factor de tres, particularmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de 1.510 millones de dólares en ocho de los 12 proyectos de Derwick, dijo que el valor justo de mercado debería haber sido de 551 millones de dólares. Las plantas, según el informe, requirieron reparaciones y modificaciones desde el principio.
“La ejecución de los proyectos”, escribió la comisión, “ha provocado muchos imprevistos que debieron ser solucionados en las fases de visualización, ingeniería conceptual y básica”.
“Fue un dinero que perdieron los venezolanos”, dijo Jorge Millán, miembro de la oposición política venezolana y asambleísta que encabezó la comisión. Dijo que la comisión no tenía suficiente información en ese momento para analizar las 12 plantas de Derwick.
Clare, abogado de Betancourt, calificó el informe como “un documento político” de los opositores con “un claro sesgo político para atacar y desacreditar los esfuerzos del gobierno”. Proporcionó documentos que muestran que varios tribunales venezolanos, otros estudios y una investigación de 2017 realizada por el procurador general del país determinaron que el trabajo de Derwick se completó con éxito y tuvo un precio justo. Uno de los estudios fue un informe de 2014, encargado por los abogados de Derwick y preparado por consultores en Estados Unidos, que concluyó que la empresa cumplió con sus acuerdos contractuales con el régimen chavista.
Derwick, agregó Clare en una carta a Reuters, realizó el trabajo de garantía y realizó las reparaciones estipuladas en los contratos después de la entrega. Si las plantas ahora operan por debajo de su capacidad, dijo Clare, la culpa es de las agencias que asumieron el control una vez que Derwick las entregó a partir de 2011.
Las contradictorias evaluaciones en Venezuela son típicas de la realidad hiperpolarizada del país, donde Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, se aseguraron la lealtad de casi todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales. Los fallos y sentencias, dicen los políticos de la oposición y muchos observadores internacionales, suelen favorecer a la administración.
“La Fiscalía General, los tribunales y la Defensoría del Pueblo no suelen realizar investigaciones rápidas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe de 2019.
El abogado de Betancourt rechazó cualquier afirmación de que los fallos de la corte venezolana, las investigaciones del régimen chavista y los estudios que defienden el trabajo de Derwick fueran partidistas o preparados por cualquier persona con una agenda política. El Ministerio de Información al servicio del chavismo, responsable de las comunicaciones gubernamentales, y el Ministerio de Energía, que supervisó las licitaciones eléctricas, no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
El papel de Betancourt en los proyectos de electricidad fue, en esencia, el de negociador. Con poca experiencia en la construcción de plantas de energía, contrató a ProEnergy Services LLC, un contratista de la industria energética de Estados Unidos, con oficinas en el extranjero en América Latina, África y Asia, para redactar propuestas. Betancourt luego presentó las propuestas al régimen chavista de Venezuela con pocos o ningún cambio, excepto por un margen de ganancia en el precio.
Derwick pagó a ProEnergy al menos 1.000 millones de dólares por el trabajo, según los documentos del proyecto. Las responsabilidades de ProEnergy incluían la redacción de propuestas, la adquisición de turbinas y la supervisión de la construcción de la planta.
En un correo electrónico, Scott Blair, el asesor jurídico general de la empresa, dijo: “ProEnergy se compromete a hacer negocios en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y a cooperar plenamente con las consultas legales y reglamentarias”.
Se negó a comentar sobre Betancourt, el trabajo de ProEnergy en Venezuela o cualquier investigación sobre esos contratos.
En los materiales promocionales, Betancourt prácticamente ha borrado la mención de su experiencia energética en Venezuela. En cambio, es ahora un magnate internacional. En LinkedIn, se describe a sí mismo como un inversor ansioso por ayudar a “las empresas líderes en sus industrias, como Hawkers”.
El empresario venezolano Alejandro Betancourt posa para una fotografía en Madrid, España. REUTERS / Antonio Heredia / El Mundo
“LAS PLANTAS DEBEN HABER SIDO HECHAS DE ORO”
Betancourt creció en una casa acomodada de Caracas, hijo de una madre diseñadora de joyas y un padre que era cardiólogo y pianista. Después de la secundaria, obtuvo una licenciatura en economía y negocios en la Universidad de Suffolk, en Boston, según su perfil de LinkedIn.
Al principio de su carrera, Betancourt trabajó como empleado y consultor para varias empresas de energía, según un memorando interno de Derwick sobre la historia de Derwick que fue preparado por asesores legales en 2014. También fundó BGB Energy, una empresa que buscaba oportunidades de inversión para fabricantes de equipos energéticos.
En 2007, según el memorando, que fue revisado por Reuters, Betancourt adquirió Derwick, una empresa registrada por un propietario anterior en Panamá. Derwick fue una de al menos dos docenas de empresas, según muestran los registros corporativos, que Betancourt y sus asociados cercanos establecieron o compraron en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y Europa en los siguientes años.
Al principio, Derwick tuvo problemas, decía el memo. Betancourt cortejó a los inversores y los tomadores de decisiones de la industria. El progreso fue lento.
En 2009, la sequía provocó cortes de energía. Chávez, en el apogeo de su transformación populista de Venezuela, pidió una “revolución energética”. En una visita televisada a la planta de energía, ordenó a los funcionarios del Ministerio de Energía que fortalecieran la débil red. “Habrá que trabajar tres turnos cada día”, dijo, “en todo el país”.
Betancourt vio la oportunidad.
A principios de 2010, firmó un acuerdo de “consultoría y asesoría” con Nervis Villalobos, un ex viceministro de Energía Eléctrica conocido por sus conexiones con la industria. Según el contrato, revisado por Reuters, Villalobos presionaría a los contactos para ayudar a asegurar acuerdos de energía. Villalobos tenía contratos similares con otros, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el sector. Más tarde estaría entre las 28 personas imputadas en Andorra.
Reuters no pudo contactar a Villalobos. Su abogado, Manuel Varela, se negó a comentar sobre el trabajo de Villalobos con Betancourt o su acusación en Europa.
Como previó Betancourt, Chávez ordenó una serie de licitaciones de centrales eléctricas. Derwick recurrió a ProEnergy, la empresa estadounidense, para diseños, propuestas de adquisiciones y planes de construcción. Cuando ProEnergy presentó un borrador, según muestran los documentos internos de Derwick, Betancourt subió el precio y presentó la propuesta, en ocasiones el mismo día, al régimen chavista.
Los edificios de oficinas de la planta termoeléctrica del Complejo Josefa Joaquina Sánchez Bastidas se ven en Catia la Mar, Venezuela. REUTERS / Leonardo Fernández Viloria
Uno de esos casos fue la planta Picure al norte de Caracas. ProEnergy redactó un contrato de “servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción” valorada en 32,6 millones de dólares. Derwick, en un resumen de los contratos que ganó y revisados por Reuters, escribió que cobró al estado 79 millones de dólares por la planta, 2,4 veces el precio de ProEnergy.
“Las plantas deberían haber sido hechas de oro”, dijo José Aguilar, un consultor de energía venezolano que estudió los proyectos. Otros consultores de la industria que revisaron los borradores de ProEnergy dijeron a Reuters que tales márgenes de ganancia son inusuales.
El abogado de Betancourt dijo que los aumentos reflejan los riesgos que asumió Derwick en una volátil Venezuela. Al encabezar los contratos de centrales eléctricas, Derwick se estaba exponiendo a una responsabilidad significativa en un momento en que las finanzas públicas del país se estaban volviendo cada vez más inestables. “Derwick sirvió como un amortiguador entre los proveedores que tenían equipos fácilmente disponibles, pero que no querían correr el riesgo de impago por parte del gobierno venezolano”, escribió.
Derwick ganó rápidamente una docena de licitaciones de energía termoeléctrica. Las plantas, alimentadas con diesel y gas natural, abastecerían alrededor de una octava parte de la nueva capacidad planeada por Chávez, según documentos del proyecto y del régimen chavista.
Funcionarios familiarizados con las licitaciones dijeron que muchos contratos, incluidos los de Derwick, se aprobaron apresuradamente debido a la presión de Chávez por soluciones rápidas. “Se estuvo complicando todo el juego”, dijo a Reuters Rafael Rámirez, ministro de Energía de Venezuela en ese momento. “Tal vez, en unas condiciones con mayor tranquilidad, esta empresa no hubiera entrado”.
De repente, Betancourt hizo mucho dinero. Entre agosto y octubre de 2010, según las facturas revisadas por Reuters, el régimen chavista de Venezuela depositó al menos 140 millones de dólares en una cuenta Derwick en JPMorgan Chase & Co en Nueva York. Un portavoz de JPMorgan Chase declinó hacer comentarios.
Derwick recibió otros 166 millones de dólares del chavismo en un banco en Panamá. Las facturas especificaban que los pagos eran para proyectos de energía.
Reuters no pudo determinar cuánto recibió Betancourt en última instancia por los aproximadamente 2.000 millones de dólares que Derwick recibió en contratos de energía o dónde se pudieron haber hecho otros depósitos. La documentación proporcionada por Clare, el abogado de Derwick, dice que la compañía obtuvo una ganancia de 274 millones de dólares en las plantas de energía, pero no especificó sus ingresos totales. El régimen chavista todavía le debe a Derwick 184 millones de dólares, dijo Clare.
Betancourt instaló una oficina en un rascacielos de Caracas y se movió por la ciudad en vehículos blindados, según documentos de Derwick y tres personas familiarizadas con sus actividades. En noviembre de 2010, pagó casi 12 millones de dólares por un ático en Manhattan, según los registros de propiedad de Nueva York.
También realizó pagos, detallados posteriormente por fiscales en Andorra.
El caso allí, según los fiscales, siguió a una investigación sobre más de 2.000 millones de euros en “comisiones ilegales” pagadas a través de la banca andorrana por empresas y particulares a numerosos funcionarios venezolanos. Los pagos, dijeron, fueron a cambio de ayuda para ganar proyectos gubernamentales. Ni Betancourt ni Derwick fueron “objetivos” de la investigación, según una revisión de los archivos del caso.
Los pagos citados en la acusación involucraron a Villalobos, contratado por Derwick para presionar a los funcionarios de energía en Venezuela. Los registros bancarios muestran que a finales de 2011, Minenven Corp, una empresa barbadense registrada por Betancourt, realizó tres transferencias por un total de 5 millones de euros a una cuenta de Villalobos en la Banca Privada d’Andorra. Posteriormente, el gobierno de Andorra se hizo cargo del banco como parte de una ofensiva contra el blanqueo de dinero.
Después de que Minenven hizo los pagos, según muestran los registros bancarios, Villalobos realizó transferencias por un total de 2,6 millones de euros a una cuenta en el mismo banco de Javier Alvarado. Hasta el año anterior, Alvarado había sido director de Corporación Eléctrica Nacional SA, la eléctrica estatal de Venezuela. En el momento de las transferencias, Alvarado dirigía una agencia que administraba concesiones eléctricas.
Ambos hombres fueron acusados y están a la espera de juicio. Los fiscales andorranos llamaron a Villalobos un “intermediario en el pago de sobornos”. Alvarado, escribieron, “fue una pieza clave para obtener adjudicaciones”.
La acusación no afirmaba que el pago de Villalobos a Alvarado fuera ordenado por o en nombre de Betancourt. Clare, abogado de Betancourt, dijo que “ni Derwick ni mi cliente preguntaron, dirigieron o alentaron al Sr. Villalobos a cometer ningún soborno”.
En una entrevista telefónica, Reuters preguntó a Alvarado sobre los aproximadamente 45 millones de euros en pagos que, según los investigadores andorranos, fueron depositados en su cuenta por diversas empresas. Alvarado dijo que los depósitos, incluidos los de Villalobos, eran pagos legítimos para asesorar a las empresas y que él no era el único funcionario encargado de adjudicar los contratos.
Por toda Venezuela, la construcción de las plantas de Derwick fue lenta, según muestran los documentos del proyecto. El equipo se averió, incluida una grúa que en un caso rompió chocó contra una turbina destinada a alimentar una planta necesaria para una siderúrgica estatal. Las entregas se retrasaron, los diseños tuvieron que rehacerse y los fondos para los contratistas locales desaparecieron, según los documentos.
“El trabajo avanza muy lentamente”, escribió un administrador del sitio de ProEnergy en un informe.
El abogado de Betancourt dijo que cualquier retraso o mal funcionamiento inicial fue el resultado del rápido proceso de implementación y los rápidos cambios esperados por el régimen chavista. “Los problemas con el equipo son normales en un proyecto de este tamaño, alcance, sofisticación técnica y ejecución de entrega rápida”, escribió. El incidente en el que una grúa dañó una turbina, agregó, fue culpa de un contratista empleado por la siderúrgica.
Se ven sillas vacías en una clínica de salud pública, cerca de la planta termoeléctrica La Raisa, en Caujarito, Venezuela. REUTERS / Leonardo Fernández Viloria
“BUSCANDO OPORTUNIDADES”
Pronto, Betancourt se distanció de Venezuela y los proyectos eléctricos. Con los bolsillos llenos y un pasaporte europeo debido a los lazos familiares en Italia, se mudó a España.
En julio de 2012, ¡Hola!, una revista de celebridades, publicó un artículo sobre su lujosa boda en un monasterio de Madrid. Ese año, según los registros de la propiedad, pagó 24 millones de euros por El Alamín, el castillo donde hizo un nuevo hogar y luego dio la bienvenida al equipo de Hawkers. Los documentos judiciales y de propiedad también muestran compras de bienes raíces en París y Florida para ese año.
Betancourt se presentó a sí mismo como un pretendiente para las empresas emergentes europeas en dificultades. “Ahora mismo estoy en España buscando oportunidades”, dijo a una revista. En poco tiempo, invirtió millones en una plataforma de pago en línea, un sitio de búsqueda de empleo y un negocio bancario, según muestran los registros.
A medida que avanzaba la investigación de Andorra, también se gestaban problemas en Estados Unidos.
Hacia fines de 2013, Daniel Rosenau, un vendedor de ProEnergy en Missouri, sintió curiosidad por el trabajo de su empleador con Derwick después de escuchar a sus colegas sobre las grandes transacciones. Rosenau dijo que miró el papeleo y se sorprendió por los pocos cambios, además de los fuertes aumentos de precios, que se realizaron entre los borradores de ProEnergy y las propuestas de Derwick.
Normalmente, dijo, las compañías de energía van y vienen repetidamente en sus borradores. “Fue repugnantemente perezoso”, dijo a Reuters.
Clare, abogado de Betancourt, dijo que las similitudes fueron deliberadas. “Es intencional que las propuestas de ProEnergy a Derwick se parezcan a las que Derwick le proporcionó al cliente”, escribió. Los documentos deben ser “idénticos”, agregó, “para que el alcance del suministro y las responsabilidades no cambien”.
Rosenau, que ya no trabaja para ProEnergy, entregó copias de archivo a los fiscales. Los investigadores de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York iniciaron una investigación por lavado de dinero y soborno que sigue en curso, según dos personas familiarizadas con la investigación.
Betancourt y Derwick son sujetos de la investigación, dijeron estas personas. No está claro si ProEnergy, que se negó a comentar sobre asuntos legales, también está siendo investigada. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
En diciembre de 2014, el Departamento de Justicia solicitó a Suiza información sobre las cuentas de Derwick allí, según un fallo de un tribunal suizo que aprobó la solicitud. Derwick para entonces había transferido al menos 58 millones de dólares a cuentas suizas, según el fallo.
Betancourt siguió adelante en Europa.
A través de inversiones anteriores, se enteró de Hawkers, que entonces tenía tres años. Los fundadores habían creado gran expectativa con gafas de sol asequibles y modernas. Usaron Facebook para dirigirse a los clientes y negociaron respaldos con celebridades como la estrella del fútbol uruguayo Luis Suárez. En 2015, las ventas anuales alcanzaron los 22 millones de euros. Pero necesitaban financiación.
Betancourt, con el cabello peinado hacia atrás, le contó al equipo de los Hawkers en El Alamín su amor por España, según las tres personas familiarizadas con el encuentro. Cuando sus invitados le preguntaron sobre su pasado en Venezuela, Betancourt dijo poco.
Los fundadores tenían previsto pedir 35 millones de euros. Pero Betancourt, dijeron las personas entrevistadas, ofreció 50 millones de euros por una participación del 20%. Ellos estuvieron de acuerdo. Para celebrar, condujeron en vehículos todo terreno por la finca de 1.400 hectáreas.
Hawkers anunció la inversión en octubre del 2016. El Mundo, un diario de Madrid, llamó a Betancourt “el rey venezolano de las gafas de sol”. Dijo al periódico que prefería no hablar de política venezolana, pero que “se puede ser exitoso (allí) si de verdad se trabaja con empeño”.
Betancourt, ahora presidente de la junta de Hawkers, nombró a un suplente para las filas ejecutivas. Designó a un hermano y una hermana para los puestos de finanzas y marketing, según muestran los informes de la empresa. También sugirió cambios en el negocio.
Dos personas familiarizadas con las discusiones dijeron que presionó a Hawkers para que abrieran tiendas minoristas. Los costes se dispararon, provocando una pérdida de 10 millones de euros en 2017, según muestran los estados financieros. En un informe, Deloitte, el auditor de Hawkers, cuestionó la “capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”. Beatriz Martín Velázquez, la socia de Deloitte que firmó el informe, se negó a comentar.
Betancourt también buscó favores personales, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con sus solicitudes. Pidió a los fundadores que usaran sus habilidades en Internet para optimizar los resultados de Google para que solo aparecieran noticias positivas sobre él, dijeron estas personas. Clare, abogado de Betancourt, dijo a Reuters: “Para mi cliente, Hawkers es una inversión, no un cambio de carrera, un ‘segundo acto’ o una oportunidad de mejorar sus resultados de búsqueda de Google”.
La relación se puso tensa.
Betancourt, aseguraron las personas, les dijo a los fundadores de Hawkers que mantendría el negocio a flote a cambio del control de la empresa. Hacia los finales de 2017, la mayoría de los fundadores renunció a sus participaciones. Por 20 millones de euros adicionales, Betancourt se convirtió en accionista mayoritario.
Clare, el abogado, cuestionó este relato de la historia reciente de Hawkers. La “afirmación de que mi cliente obligó a Hawkers a cambiar su modelo de negocio o expulsar a sus fundadores es incorrecta”, escribió.
Al año siguiente, otro caso estadounidense comenzó a investigar las actividades de Betancourt, según dos personas familiarizadas con la investigación.
Verónica Godoy, de 44 años, se encuentra en la puerta de su casa, cerca de la planta termoeléctrica La Raisa, en Caujarito, Venezuela. REUTERS / Leonardo Fernández Viloria
En julio de 2018, agentes federales en Miami arrestaron a Matthias Krull, quien hasta mayo de ese año trabajó como administrador de patrimonio privado del banco suizo Julius Baer Gruppe AG. Krull, junto con otras siete personas, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero por el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Uno de los acusados fue Francisco Convit, quien es asociado de Betancourt y director, según los registros corporativos, tanto en Derwick como en Minenven, la empresa de Barbados.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Krull y un portavoz de Julius Baer también declinaron.
Personas familiarizadas con la investigación creen que Convit se encuentra en Venezuela. Su abogado estadounidense, Adam Kaufmann, declinó especificar su paradero. Kaufmann dijo a Reuters que Convit se negó a comentar.
El caso, según una denuncia penal presentada por los fiscales, se centró en una conspiración para lavar más de 1.000 millones de dólares por parte de exfuncionarios de energía venezolanos y asociados. Krull se declaró culpable poco después de su arresto.
En el testimonio asociado con su declaración de culpabilidad, según un resumen presentado por los fiscales, Krull dijo que Convit y un individuo al que se refiere como “Conspirador 2” habían sido sus clientes durante varios años. Dos personas familiarizadas con el testimonio identificaron al “Conspirador 2” como Betancourt y dijeron que es un objetivo de la investigación de Miami.
La denuncia penal alegaba que Convit había conspirado para lavar dinero, en parte a través de Krull. Los fiscales dijeron que Convit y “Conspirador 2” habían recibido 227 millones de euros en fondos blanqueados. Reuters no pudo determinar el supuesto origen de esos fondos.
El abogado de Betancourt se negó a comentar sobre la afirmación de que Betancourt es un objetivo de la investigación de Miami o que se le conoce como un “conspirador” anónimo. “Mi cliente no ha cometido ningún delito y confía en que una investigación lo demostrará”, escribió.
Cuatro personas familiarizadas con la investigación dijeron a Reuters que sigue en marcha. Junto con “Conspirador 2”, los fiscales enumeraron a otros ocho conspiradores no identificados, según la denuncia. Más tarde, uno fue acusado de conspiración para lavar dinero.
Los apagones continúan afectando a Venezuela.
La planta de energía para la producción de acero se ve en Puerto Ordaz, Venezuela. REUTERS / William Urdaneta
En Puerto Ordaz, a lo largo del río Orinoco, dos plantas de Derwick estaban destinadas a ayudar a aumentar la producción de Siderúrgica del Orinoco CA, una siderúrgica estatal conocida como Sidor. Cuando Derwick ganó los contratos en 2010, Sidor dijo que las plantas “reactivarían” las líneas de producción y crearían puestos de trabajo.
Sidor no respondió a una solicitud de comentarios.
Solo una de las plantas estaba completamente terminada, según un informe del holding gubernamental que controla Sidor, y estuvo plagada de problemas mecánicos en el momento de la entrega. El otro, donde la grúa dañó una de las turbinas durante la construcción, está “totalmente abandonado”, agrega el informe. En un informe separado, el holding dijo que le pagó a Derwick más de 300 millones de dólares por el trabajo y el equipo en ambas instalaciones.
Clare, abogado de Betancourt, dijo a Reuters que el trabajo se detuvo en la planta inacabada porque el régimen chavista decidió usar sus turbinas en otro lugar. En 2013, dijo en una carta a la agencia de noticias, Derwick y el holding negociaron un acuerdo de “cierre” que reconocía que Derwick había completado el 53% del trabajo en la segunda planta antes de que el gobierno ordenara el cese. El cierre, escribió Clare, le costó a Derwick 46 millones de dólares en trabajos que ya no terminaría. “Derwick perdió ingresos”, escribió.
Hoy, la planta funciona a solo un tercio de la capacidad planificada, según muestran los datos del régimen chavista. La producción de Sidor es ahora un 1% de lo que era cuando se adjudicaron los contratos de Derwick, según muestran las estadísticas de producción.
“Esto fue un absoluto fracaso”, dijo Yunis Hernández, líder sindical de Sidor, sobre las dos plantas.
Betancourt ahora vive en una mansión de Londres valorada en 30 millones de libras, según registros públicos y entradas que hizo en un blog personal. En noviembre de 2019, escribió una nueva publicación: “Cómo Alejandro Betancourt transformó una empresa de gafas de sol”.
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El industriólogo, José Adelino Pinto, especialista en Finanzas y Máster en dirección y gestión de Recursos Humanos, destacó que desde el año 2000 uno de los grandes debates mundiales ha sido el teletrabajo y Venezuela no escapa de esa realidad.
“Se debe repensar qué beneficios le puedo ofrecer a los trabajadores que están prestando servicios en sus hogares porque están enfrentados a una nueva realidad”, enfatizó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos + Dos de Unión Radio.
Explicó que actualmente la mayoría de los trabajadores, además de estar encerrados y no socializar, deben laborar con una conexión de internet medianamente buena o mala y algunos compartir las computadoras con sus hijos y otros cuidar a adultos ancianos.
“Todo eso lleva a replantearte ¿Qué hago con las personas? porque la gente está cargada con este nivel de estrés y ansiedad por el tema de estar encerrados en casa, eso lleva a reinventar el plan de beneficios”, subrayó.
Destacó que la empresa Mercer realizó un informe con la participación de 600 empresas de 20 países de la región y se comprobó “que no estamos ajenos a lo que está pasando en Latinoamérica, Venezuela a pesar de toda la conflictividad en materia económica y social no es muy diferente al resto de Latinoamérica”.
Indicó que la mayoría de las empresas se enfocaron en el tema sanitario. “No es solamente tener una póliza de salud».
Resaltó que se enfocaron en “la telemedicina como un mecanismo para abaratar costos de siniestralidad de la póliza y ofrecer un servicio más directo y en los planes de salud mental, las empresas empiezan a entender que es una problemática en este momento, porque tenemos gente que está muy ansiosa, tiene estrés, nervios, entre que se puede contagiar, enfermarse y fallecer, el entorno en que está envuelta le está llevado a ese tema”.
Asimismo se analizó la manera de fortalecer los planes de comunicación dentro de las organizaciones con el foco puesto en la salud física y mental. “Explicar el uso de las pólizas, cómo puedo acceder, cómo me protejo, cómo me contagio”.
“Sigue siendo muy importante extender los planes de comunicación”,insistió.
Detalló que actualmente se están observando tres tendencias en los trabajadores: los que desean retornar a la presencialidad, los que están encantados con trabajar remotamente y a los que les gustaría practicar un sistema combinado.
Ante este nuevo escenario, muchas empresas están trabajando en modificar los horarios para otorgar cierta flexibilidad. “El tema de horarios reviste una vital importancia basado en este esquema del trabajo remoto”.
Sin embargo acotó el tema de la conectividad porque el hecho de estar en casa se puede prestar a abusos en torno al cumplimiento de los horarios. “La estrategia de pagar el servicio de internet nació en 2020 y más o menos entre 50 o 60 % están haciendo actividades para pagar en internet”.
“Ya sea darte algún dinero que tu sufragues el gasto, darte elservicio, comprarte un bam de alguna de las operadoras y entregártelo o pagarle directamente a la operadora el gasto”, precisó.
Añadió que en Venezuela no tenemos ninguna legislación que regule el trabajo remoto y lo más cercano sería el denominado trabajo a domicilio previsto en la Ley del Trabajo, pero no es exactamente un trabajo en condiciones de conexión con el hogar”.
Texto e imagen tomados de Unión radio.
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Fotografía fechada el 12 de enero de 2020 que muestra a varios vehículos mientras esperan para poder repostar gasolina, en Maracaibo (Venezuela). Venezuela, una vez referente de la producción petrolera en el mundo, es hoy testigo de excepción de un proceso sin precedentes en el país: la caída en picada de la producción de crudo que le ha llevado a ser un actor menor en el mercado global de combustibles. EFE/ Henry Chirinos
La población venezolana no estaría beneficiándose de una mejora en la producción de gasolina y diésel, debido a que una muy buena parte del combustible se está desviando hacia Cuba y hacia el mercado negro.
En las últimas dos semanas se han incrementado las filas de vehículos en las estaciones de servicio en todo el país, pero muchas también permanecen cerradas y otras solo logran suministrar hasta horas del mediodía. Mientras, representante del sector agrícola advierten que se corre el riesgo de una escasez de bienes, debido a la falta de diésel que les impide producir y transportar los alimentos.
Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), informó que en el Centro Refinador Paraguaná (CRP) se está produciendo 80 mil barriles diarios (b / d) de gasolina (20 mil b / d en Puerto La Cruz y 60 mil b / d en Cardón); así como 75 mi b / d de diésel.
“Si hay más gasolina, si hay más diésel. Pero, 50% se va para Cuba y el otro 50% se lo llevan los militares a través de PDV Puertos. Ellos son los que están distribuyendo el combustible. Más nunca habrá estabilidad, mientras exista un mercado negro manejado por militares y cubanos, y mientras también se venda en 4 dólares el litros de diésel ya 5 dólares el litro de la gasolina“, denunció Freites.
A comienzos de junio, varios reportes de embarque de Pdvsa revelaron que la administración de Nicolás Maduro continúa enviando diésel a la isla de Cuba.
Un informe de Caracas Capital indicó que 159.445 barriles de combustible navegaron en el buque Alicia el pasado dos de junio con destino al puerto de Matanzas.
Por otra parte, Freites acotó que aunque esta mejora en el combustible obedece a la puesta en marcha de varias plantas en las refinerías y una mayor producción de crudo, aún se mantiene la inestabilidad operativa en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). «Las refinerías llevan trabajando pocos días en lo que va del año, operan unos 25 días y luego las paran 21 días».
También, puso en duda la meta de producción de 2 millones de b / d para finales de año planteada por el encargadode Energía y Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami.
“En los primeros meses del año se estaba produciendo 570 mil b / d, pero después las cifras en la Faja indicaban una producción de 375 mil b / dy una semana después en 293 mil b / d. ¿A quién se le puede creer? Estas declaraciones de Tarek lo que buscan en desviar la atención de los graves problemas del país“.
El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Falcón, Francisco García, afirmó que están pendientes de que el proyecto de las zonas económicas especiales se rija en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo.
“Aunque creemos que, en este momento, son necesarias algunas inversiones; desde el punto de de vista internacional, para fortalecer la economía nacional. También pensamos que estas inversiones deben estar enmarcadas en todo lo que hemos defendido durante años, como es la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores”, dijo.
García hizo una comparación de esta iniciativa con la de la Zona Libre del estado Falcón, pues explicó que “a pesar de que el Estado hizo un gran esfuerzo en ese caso y grandes inversiones; los resultados, para los trabajadores, no fueron los mejores”.
“Hubo precarización de la relación laboral. No hubo las inversiones que se esperaban en materia de turismo e inversiones de infraestructura”, agregó en el programa A Tiempo de Unión Radio.
Indicó que esperan que con esta iniciativa, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, aprender de las experiencias nacionales y de las internacionales.
“Tampoco pueden ser proyectos de zonas aisladas porque eso traería desplazamientos masivos de mano de obra hacia esas zonas económicas especiales”, afirmó.
Además, destacó que la idea es crear un proyecto que genere bienestar para las poblaciones que estén involucradas en estas zonas económicas especiales.
Texto e imagen tomados de Unión Radio.
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