“La economía venezolana en su forma más amplia está pasando por un proceso de severa contracción en combinación con una altísima inflación. La consecuencia de esto es el empobrecimiento del ciudadano. Con una actividad económica reducida, cada vez hay menos puestos de trabajo, se producen menos bienes que a la vez tienen precios más altos y por tanto, los consumidores dejan de tener capacidad de compra. Si no hay demanda de bienes, las pocas fábricas que quedan operativas tienen que ir disminuyendo su producción. Y esto genera una círculo vicioso dramático”.
Así lo señaló Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, al ser consultado en torno al impacto de los incrementos salariales decretados por el gobierno sobre la industria nacional.
El máximo dirigente del sector industrial explicó que en una situación de altísima inflación como la que está viviendo el país, este tipo de ajustes no representa ningún beneficio para el trabajador.
De hecho, señaló que si se compara el ingreso real (salario mínimo más bono de alimentación) de enero 2016 con el de enero 2017 la caída es de 44,36%. Es decir, la población que recibe esta remuneración no tiene capacidad adquisitiva. “Esta pérdida del poder de compra hace que sea inviable producir en Venezuela”.
Olalquiaga insistió en que las causas de la actual contracción económica en Venezuela son estructurales y consecuencia de políticas públicas que, a su juicio, han destruido sistemáticamente la capacidad de fabricación local haciendo al país dependiente de la importación de productos terminados, los cuales se pudieron pagar cuando los precios y el volumen de exportación del petróleo nacional eran altos.
A esto, agregó que existe un manejo de la política monetaria improvisado y desordenado, ausencia absoluta de estímulo a las inversiones, fuga de personal calificado hacia otros países, obsolescencia de equipos y maquinarias, entre otras cosas.
En esas condiciones de contracción de la economía, la industria ha permanecido durante los años 2014, 2015, 2016 y arranca el 2017. “Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que las empresas incrementen sus volúmenes de producción y puedan crear nuevos puestos de trabajo”.
Por otra parte, el presidente de Conindustria recalcó que además de la crisis económica, existe una crisis política que destruye el entorno social del país. La suspensión de los procesos electorales, la no autonomía de los poderes y el desconocimiento de la necesaria independencia de la Asamblea Nacional, conforman una —consideró—situación de caos institucional que debe ser resuelto a la brevedad posible.
Olalquiaga opina que, para superar este círculo dramático que está afectando significativamente la calidad de vida de la población, es urgente que se produzca un cambio político que permita implementar nuevos programas que propicien un proceso de reconstrucción nacional de forma inmediata, tanto en lo social como en lo económico.
Nota de prensa
